Socios de seis ejidos citrícolas del sur del Estado denunciaron ante el presidente Andrés Manuel López Obrador la corrupción de funcionarios de la antigua Sagarpa en Yucatán, durante el gobierno de Rolando Zapata Bello, quienes se habrían apoderado de decenas de millones de pesos de un programa federal para modernizar sistemas de riego agrícola.
Una investigación de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia revela que en una carta que entregaron al presidente en noviembre, durante una visita a Tekax, los productores denuncian, con «indignación y tristeza», que los responsables de la delegación de la Sagarpa, que durante casi tres años encabezó Pablo Castro Alcocer, se coludieron con varios empresarios «en forma perversa».
Afirman que convencieron a los productores de esas unidades de participar en el Programa de Fomento a la Agricultura, componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, incentivo Sistemas de Riego Tecnificado.
Con la participación de un productor, es indispensable para «bajar» los recursos de este programa, para que en su nombre, a pesar de que reciben una parte muy pequeña, como es el caso aquí.
Los campesinos inconformes exigieron al gobierno cumplir con lo previsto en el programa. Sin embargo, en respuesta, la Sagarpa (hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader), aun sabiendo que sus funcionarios desviaron gran parte de recursos, acusó a los campesinos de malversar los fondos que supuestamente recibieron y turnó su expediente al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para recuperar el dinero.
Esta dependencia procedió al embargo de bienes de muchos de esos productores. Algunos los remató el mes pasado, sin considerar la emergencia sanitaria por el coronavirus.
«Nosotros nunca vinos un solo centavo de ese dinero, no robamos, no desviamos nada», dicen los afectados en su carta al presidente.
«En cambio, los empresarios y funcionarios de la Sagarpa que se beneficiaron con el manejo de esos recursos viven felices y sin que nadie los culpe o los presione», añaden.
Central 9 ha publicado los detalles de este fraude, principalmente en lo que concierne a dos de los ejidos que firman la carta a López Obrador: la unidad de riego Plan Chac, de Sacalum y Leona Vicario, de Tekax.
En las últimas semanas, sin embargo, la inconformidad de los afectados se agravó por los remates del SAT y por nuevas revelaciones de algunos de ellos, según las cuales el 30% de dinero del programa de riego paraba en manos de los funcionarios de la Sagarpa como una especie de «moche».
También denunciaron la violación sistemática de las reglas de operación del programa por la Sagarpa, con el único propósito de obtener los recursos públicos y desviar una parte a su favor.
La carta que los inconformes entregaron a AMLO el 8 de noviembre de 2019 está firmada por los dirigentes de los siguientes ejidos, donde existen unidades de riego: Trinidad Uno, Leona Vicario y Unidad San Fernando, de Tekax.
También las unidades Emiliano Zapata Canek y Kampepén, del mismo municipio, y las unidades de riego Plan Chac y San Pedro Yocat, de Sacalum, y la Unidad Agrícola Dzetabay, de Ticul.
En su carta, denuncian a funcionarios de la delegación local de la Sagarpa, sobre todo los que estuvieron de 2015 a 2018, de «defraudar a decenas de productores de todo Yucatán, a través del programa para la modernización de sistemas de riego».
En otros reportajes, Central 9 ha publicado indicios de la presunta participación en ese fraude de Pablo Castro Alcocer, delegado de esa dependencia de octubre de 2015 a febrero de 2018, y de su sustituto, Luis Enrique Martínez Ordaz, que permaneció en el puesto hasta diciembre de ese año.
De acuerdo con la carta, los funcionarios de la delegación se coludieron con los dueños de algunas empresas para lograr que éstos reciban el dinero federal directamente.
La normatividad del programa establece que los productores deben de aportar el 50 por ciento del costo total de la modernización de sus sistemas de riego y el gobierno federal el resto.
La misma normatividad señala que los productores son libres de escoger a la empresa que mejor les convenga, pero en los hechos, dice la carta, las obras se asignan solo a las compañías seleccionadas previamente por la Sagarpa.
Los campesinos, mediante engaños, firmaron con ellas convenios de trabajo, de tal manera que los cheques expedidos por la Federación a su nombre, los endosaban a esas empresas.
«Es importante aclarar que ningún productor recibió dinero en efectivo o mediante depósitos en sus cuenta bancarias», añade la carta.
Todos los recursos se manejaron vía transferencia a las cuentas bancarias de las empresas de riego, autorizadas por el productor para recibir ese dinero».
«La Sagarpa nos decía que ese era el procedimiento y así tenía que hacerse», dice la carta
En entrevista, el representante de la Unidad de Riego de San Pedro Yocat, de Sacalum, José Álvaro Segura Torres, quien firmó un contrato con la empresa Corporación Mexicana para Proyectos en Agronegocios, S.A de C.V., (Copra) para modernizar el sistema de riego de esa unidad, que al final no cumplió, revela a Central 9 que cuando le reclamó al director de esa compañía, José Lugo Chavira, por no haber hecho la obras, éste le dijo:
«Mira, del dinero que te dio el gobierno -$750,000- el 30 por ciento es para la Sagarpa, tengo que dárselo a ellos para que manden a México» y añadió: «si yo les doy ese dinero ¿a mí qué me queda? Ustedes, con cien mil pesos que les dé de material de riego, están bien servidos».
Asimismo, en la carta entregada al presidente, los productores reconocen fallas en la aplicación de las reglas de operación del programa atribuido tanto a ellos como al gobierno.
El documento explica que para participar en el programa los campesinos deben aportar el 50 por ciento del costo, «pero como somos productores de bajos ingresos, no tenemos el dinero para dar esa aportación».
«Por eso, con la anuencia de la Sagarpa, negociamos con las empresas para que en lugar de dinero, nuestra aportación consista en mano de obra, ayudando en la instalación del equipo, en la limpieza de los caminos de acceso, etcétera».
Por su parte, continúa la carta, «las empresas de riego normalmente incrementan los precios de los equipos para poder incluir parte de la aportación del productor. Así funciona todo y es la única forma a disposición de los productores de bajos ingresos para acceder a los programas federales».
«El problema surgió cuando algunas empresas empezaron a dejar mal a los productores, es decir, no instalaron los sistemas de riego o solo hicieron el 50 por ciento de la superficie considerada en el proyecto».
No obstante esto, dice la carta, esas compañías realizaron la entrega-recepción de las obras, «obteniendo, en algunos casos, bajo engaño, la firma de conformidad de los productores y en otros, falsificando sus firmas».
«De este modo pudieron entregar los expedientes completos a la Sagarpa y cobrar los montos autorizados».
Para los productores, que se han negado a firmar el acuse de recibo de la entrega de las obras por las que no se hayan realizado o estén incompletos – de la situación en la que se ha convertido en el «peor pesadilla», dice la carta.
«Aunque las obras no se han terminado, la Sagarpa, y ahora la Sader, nos pide la devolución de los recursos federales que recibimos, pero que en realidad nunca llegaron a nuestras manos».
Ante la imposibilidad de devolver ese dinero, la Sagarpa turnó la cobranza de esos recursos al SAT.
«Este organismo ya embargó los predios de muchos productores del sur del Estado y nos amenaza con que si no devolvemos el dinero, rematará nuestras propiedades (…) que con mucho esfuerzo hemos adquirido a lo largo de una vida de trabajo».
En ese documento, los productores le dicen al presidente que esta situación «trae a todos entre la espada y la pared» y que muchos ya se han enfermado ante el riesgo de perder «nuestro poco patrimonio».
Ellos reportan que la vida es un drama, y que es «la única esperanza».
También le preguntan que así como el gobierno perdonó en el pasado el pago de impuestos a algunos grandes empresarios, «¿acaso no puede hacer algo por lo pequeños agricultores de Yucatán?»
Segura Torres, dirigente de la Unidad de Riego San Pedro Yocat, es un ejemplo de ese drama.
Entrevistado aparte, explica que como representante de los 17 socios de esa unidad, firmó los papeles para ingresar al programa de modernización de la infraestructura de riego de sus parcelas y también firmó un contrato, a sugerencia de la Sagarpa, con la empresa Copra, para la realización de la obra.
Esta compañía no terminó los trabajos y por eso él, en representación de los demás productores, no firmó de recibido.
En represalia, la Sagarpa lo denunció al SAT que embargó y remató su casa el mes pasado.
Por recomendación de López Obrador, Segura Torres y sus compañeros acudieron con el coordinador de Programas de Desarrollo Social del Gobierno Federal, Joaquín Díaz Mena, en busca de ayuda, pero éste nunca les hizo caso.
Segura Torres explica que la incorporación de su unidad de riego al programa de la Sagarpa se debió a una invitación de Ismael Benítez, empleado de Copra.
«Él nos convenció de participar y nos llevó a la delegación de la Sagarpa en Mérida para firmar todos los papeles, incluidos los endosos de los cheques expedidos por la dependencia a mi nombre, y que fueron entregados de inmediato a la empresa».
El monto total del proyecto ascendía a $1,500,000, de los cuales la mitad, $750,000, debían ser aportados por los productores.
¿Entregaron ese dinero?, pregunta Central 9.
«Para que le voy a engañar, nosotros no dimos ni un peso, aunque el gobierno diga que dimos los $750,000», respondió.
«Nuestra aportación, como dijimos en la carta al presidente, fue de mano de obra, es decir, apertura de zanjas y otros trabajos físicos».
«Los socios de la unidad calculamos que la obra costaría $750,000 y sobre eso trabajamos, aunque el convenio que firmamos diga que se gastaron $1,500,000».
Sin embargo, Segura Torres denuncia que Copra lo único que hizo fue darnos material por un monto de entre $70,000 y $80,000, consistente en rollos de manguera, micro aspersores, anillos de cierre, gomas para conector, etcétera.
Según el entrevistado, como se dijo arriba, el 30 por ciento de la aportación federal al programa, en este caso $225,000, se entregaba como «moche» a los funcionarios de la delegación de la Sagarpa, por conducto de las empresas, que eran las que cobraban los cheques. El resto era la ganancia de la compañía.
A nosotros solo nos tocó un poco de material, dice el entrevistado, y no obstante, Lugo Chavira, de Copra, quería que le firmaramos la recepción de las obras.
«Yo le dije: ¿qué le voy a firmar, señor, si usted tiene que modernizar la infraestructura de riego, no solo darnos algo del material?».
«Fuimos a denunciar los hechos a la delegación de la Sagarpa pero allí los encargados se hicieron a los tontos, no nos hicieron caso».
Luego esa dependencia mandó un inspector a la unidad de riego, que comprobó la falta de terminación de los trabajos.
En consecuencia, la Sagarpa informó a los productores que debían entregar la obra o regresar el dinero de la Federación.
Lo grave, es que, de acuerdo con la normatividad del programa, los responsables de la instalación de los sistemas de riego son los propios productores y ellos deben comprobar los gastos, aunque la empresa contratada no haya cumplido.
En este caso, los campesinos no pueden regresar el dinero, sencillamente porque nunca vieron un peso de la aportación federal.
Ante esta situación, la Sagarpa envió un oficio a la Unidad San Pedro Yopac, notificándoles el inicio de un «procedimiento administrativo de cancelación y devolución de apoyos», a cargo del departamento jurídico de la delegación.
Si no devolvían el dinero, advertía el oficio, turnarían su caso al SAT para que este proceda con el embargo de sus propiedades, como en efecto ocurrió.
La Sagarpa hizo este aviso a sabiendas de la existencia de un empresario responsable de desviar el dinero y de no concluir la obra.
El 18 de septiembre de 2018, Segura Torres recibió un oficio del SAT, firmado por Silvia Cruz Rincón, titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación Yucatán 1, notificándole el embargo de su casa ubicada en la calle 29, número 250-E de Ticul.
El 21 de febrero pasado, el SAT, en sendos oficios, notificó a Segura Torres y a su esposa, María Guadalupe Tzun Cab, copropietaria de la casa, el avalúo del predio, tasado en $118,950.
El Sistema de Administración Tributaria también embargó una camioneta de Segura Torres. De esto él se enteró cuando su esposa quiso cambiar las placas y transferir la propiedad del vehículo a su hijo, pero en la Policía le dijeron que el SAT había embargado el auto y no se podía hacer ni un movimiento.
El 18 de marzo, por el que el SAT informa de Segura, las Torres de la fecha de la subasta de la vivienda del 18 al 24 de marzo, en la página de inicio de la subasta de esta dependencia, en la Internet, con el número de registro, número 5667-1
La propiedad se rompió?
«No estoy seguro de que, con la emergencia de los coronavirus, que no sé lo que pasó», dijo.
Reporteros de Central 9 revisaron la página se subastas del SAT y encontraron que el remate de la casa del productor aparece como «finalizada».
Antes del remate, Segura Torres y sus compañeros de San Pedro Yopac pidieron una cita a Joaquín Díaz Mena, a quien, según ellos, López Obrador le encargó atender el problema.
«Hablamos con Díaz Mena y éste nos citó en sus oficinas en Mérida. Al llegar nos dijeron que el funcionario había viajado a México y nos reprogramaron la cita».
«Acudimos y otra vez nos dijeron que Díaz Mena había salido de urgencia, pero que él nos avisaría de la nueva fecha de la reunión. Hasta hoy no sabemos nada de él», aseguró el entrevistado.
Posteriormente, una hija de Segura Torres logró hablar con el gobernador Mauricio Vila Dosal y éste turnó a los campesinos al Instituto de Defensa Pública del Estado, cuando la emergencia sanitaria ya había empezado.
En ese lugar, un abogado les dijo a los afectados que por esa situación no los podría atender y prometió hacerlo en tres semanas o en un mes, cuando las cosas mejoren.
«Pero es que van a rematar mi casa», dijo angustiado Segura Torres.
«Mire señor», respondió el abogado, «le aseguro que el SAT no rematará su casa en estos días».
«Es que ya recibí la notificación de embargo y de remate», replicó.
El abogado se quedó callado y solo tomó mi nombre, dice Segura Torres. «Yo me comunico después», dijo.
«Nunca lo hizo. Desde entonces sus oficinas permanecen cerradas», añade el productor.
«¿Es que nadie puede ayudarnos, nadie es capaz de esclarecer este escandaloso fraude'», pregunta.
«Nosotros estamos al borde de la miseria, mientras los funcionarios de la Sagarpa y los empresarios coludidos con ellos siguen muy felices».
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