El Principado pedirá hoy el paso de Asturias a la fase 3 de la desescalada a partir del próximo lunes, 8 de junio, si nada vuelve a complicar los datos epidemiológicos de la región. Así lo confirmaron ayer fuentes del Ejecutivo autonómico, porque, como reconoció el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, también ayer mismo, brotes como el registrado en la gijonesa residencia El Carmen entraban dentro de lo previsible: «Era una situación que nos esperábamos».
Hasta ahí, por tanto, todo según lo previsto. En lo que no están tan de acuerdo los Ejecutivos de Pedro Sánchez y Adrián Barbón es en el ritmo del avance en lo que se refiere a movilidad, el talón de Aquiles de la nueva normalidad. Porque, mientras que Barbón es partidario de «agotar todos los plazos» previstos inicialmente, el Gobierno central está determinado a acelerar en su recta final el plan de desescalada con el fin, sobre todo, de reactivar la economía este mismo mes de junio a través del turismo nacional. Así que ya estudia la posibilidad de permitir los desplazamientos entre provincias y comunidades que el 8 de junio entren en esa fase 3.
Se trata de una medida de alivio que el plan de desconfinamiento del Ejecutivo de Sánchez no preveía hasta que las primeras provincias y territorios peninsulares llegaran a esa nueva normalidad a partir del 23 de junio, cuando acaben las fases, el calendario defendido por Barbón para minimizar el riesgo de contagios derivados de la llegada de turistas de otras comunidades.
Y es que Moncloa calcula que, si no hay rebrotes o marchas atrás en la desescalada, alrededor de 22 millones de españoles (un 47% de la población del país) podrían comenzar a moverse por amplias zonas del territorio nacional a partir de la semana próxima.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que fue el encargado de anunciar que el Gobierno está estudiando la flexibilización de los viajes, admitió que la prohibición de la movilidad entre provincias (cuyo fin puede adelantarse ahora en los territorios en fase 3) no se podría haber mantenido más allá del 21 de junio, cuando concluirá la última prórroga del estado de alarma.
Varias comunidades han reclamado de forma insistente el fin de las fronteras interprovinciales. Sobre todo, aquellas en las que la relación entre municipios de diferentes provincias o autonomías es intensa. La Xunta de Galicia ha abanderado desde el principio las quejas por la prohibición de la movilidad entre núcleos de diferentes provincias.
El Gobierno, no obstante, quiere escuchar a las diferentes comunidades antes de dar el visto bueno a esta medida de movilidad, ya que esta entraría en vigor al tiempo que las autonomías, en esa fase 3, se harían cargo, ahora ya en solitario, de dirigir la desescalada.
Precisamente ayer, el Ejecutivo volvió a reunirse de forma telemática con todas las autonomías. Y sobre la mesa estuvo el posible paso de fase la semana que viene (bien a la 2, bien a la 3) de más de 37 millones de españoles, casi el 80% de la población del país.