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El PNV está con la mosca detrás de la oreja tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez con Ciudadanos para garantizarse el ‘sí’ del partido naranja a la sexta prórroga del estado de alarma. El Ejecutivo recompuso la semana pasada la mayoría de la investidura –con los jeltzales y con ERC– para sacar adelante la votación de mañana en el Congreso, pero el pacto anunciado esta mañana con la formación de Inés Arrimadas ha provocado desconcierto en Sabin Etxea, que considera que puede «chocar» con las medidas pactadas por Sánchez con el PNV y con los soberanistas catalanes. Así lo ha puesto de manifiesto Andoni Ortuzar en una entrevista en Telecinco, en la que ha avanzado que su partido pedirá «aclaraciones» al Gobierno por si el acuerdo con Cs es «contradictorio con el que han firmado con nosotros».
La clave está en el primer punto del documento suscrito con los naranjas, que busca garantizar que las medidas que se apliquen en la recta final de la desescalada sean «idénticas» en todas las comunidades autónomas, al margen de la progresión sanitaria de cada una. El Ejecutivo se compromete con Cs a contar con todas ellas en el marco del consejo interterritorial para analizar el marco jurídico que ponga fin al estado de alarma y la gestión de la pandemia a partir de ese momento. El portavoz parlamentario de Cs, Edmundo Bal, encargado de la interlocución con el Gobierno durante la baja por maternidad de Arrimadas, ha interpretado que su acuerdo evita que PNV o ERC puedan lograr una «ventaja injusta» en determinados territorios a cambio de su apoyo al Gobierno. «Todos los españoles tenemos derecho al mismo régimen jurídico en todo el territorio nacional», ha insistido el diputado naranja, convencido de que su acuerdo garantiza una desescalada «igualitaria».
Según ha denunciado Ortuzar, el pacto «más que difuso, es confuso» porque podría entrar en contradicción con lo acordado por el PNV, que el lehendakari sea la autoridad delegada competente en la fase 3 de la desescalada, lo que implicaría la posibilidad de que Euskadi alcance antes la normalidad si así lo decide por la evolución de los datos sanitarios. Como ha recordado el propio Ortuzar, ayer fue el primer día sin contagios ni fallecidos por Covid-19 en el País Vasco.
En Ajuria Enea el primer punto del acuerdo también ha sido recibido con estupor, al considerar que colisiona no solo con el suscrito con PNV y ERC, sino con las propias palabras de Sánchez, que el domingo garantizó que serán las comunidades autónomas las que asuman el mando en la fase 3. La duda estriba en si ese ‘café para todos’ que sugiere el pacto con Cs impedirá en la práctica a las autonomías tomar sus propias decisiones en la progresiva vuelta a la normalidad. De momento, el Gobierno vasco ha presentado este mediodía su propio paquete de medidas para la recta final del desconfinamiento, «a la espera de conocer las condiciones definitivas que va a establecer el Estado para el conjunto de territorios». El PNV aguarda igualmente el decreto definitivo que apruebe hoy el consejo de ministros, aunque advierte de que si no respeta «totalmente» lo acordado el fin de semana, «la cosa se podría complicar».
Tras la polémica por el acuerdo alcanzado por el PNV con Moncloa para que Euskadi y Navarra gestionen el Ingreso Mínimo Vital, que ha alentado de nuevo las quejas sobre supuestos «privilegios» de Euskadi en algunos barones autonómicos –populares y socialistas–, Cs ha pretendido apuntarse un tanto como garante de la igualdad territorial frente a los nacionalismos. Por su parte, Sánchez, aunque no necesita numéricamente a los de Inés Arrimadas, busca aislar a PP y Vox. «O nos lo explican bien o da la sensación de que no son compatibles», ha insistido el presidente del EBB, que en todo caso ha confirmado que votarán a favor de la sexta prórroga. Ortuzar se ha mostrado de acuerdo con que todas las comunidades autónomas puedan gestionar la renta básica, porque, de hecho, está convencido de que la competencia es autonómica. «Algún partido del Gobierno», ha dicho, en referencia a Podemos, se «empeñó» en que el Ejecutivo central se hiciera cargo del IMV.