Será complicado para UGT Andalucía (UGT-A) superar el golpe judicial que le asestó el miércoles el fiscal anticorrupción, Fernando Soto, quien confió en el informe final del juicio contra la dirección del sindicato que el UGT utilizó de forma «genérica» su mecanismo de «facturas falsas» para pagar sus partidos con el dinero en efectivo de empleados y desposeídos.
Así lo ha afirmado este miércoles el fiscal ante la Sala Tercera del Tribunal de Sevilla al explicar su informe final, donde considera que existen «numerosos indicios» de que los exdirigentes de la UGT-A acusados han puesto en marcha «un mecanismo de falsa Facturar para defraudar». la Administración andaluza, con un acuerdo con algunos proveedores para generar este tipo de facturas para calificarlos opuestos a las subvenciones a cursos de educación por «conceptos que no responden» a la realidad.
Los imputados, cabe recordar, son el exsubsecretario de Organización y exsecretario general del sindicato de industria, Francisco Fernández Sevilla; el exsecretario general de la dirección de UGT-A, Federico Fresneda; la exsecretaria de Gestión Económica, María Charpín; la exdirectora de compras de UGT-A, Dolores Sánchez; y el director general de la entidad satélite del sindicato Soralpe I Mas P Asociados S. L. , Enrique Goicoechea.
Para todos ellos, el fiscal dejó firmes sus conclusiones provisionales, confirmando su petición de condena penal de siete años y multa de 50 millones de euros para ellos. Además, solicita que se condene a la Junta de Andalucía al pago solidario y el reembolso de 40,7 millones de euros -cantidad supuestamente defraudada- y que se condene al jefe de la sección de compras a pagar otros 4,2 millones de euros.
El fiscal también ratificó su petición de 3 años de prisión y multa de 3. 650 euros contra la decena de empresarios que fueron antiguos proveedores de UGT-A también acusados, con una petición de devolución de entre 638 euros y un millón de euros; en el caso del empresario Moisés Morillo y su entidad Viajes Macarena, ya que retiró su acusación oponiéndose a ellos.
El representante de la Fiscalía detalló en el despliegue de su informe final las facetas del «bote» de efectivo recaudado a través de UGT-A, para sus «propias necesidades», gracias a las «diferencias» a su favor entre las facturas . con cargo a subvenciones autonómicas a la formación, por nociones «genéricas» o supuestamente ajenas a la realidad; y las instalaciones realmente brindadas a través de los proveedores que emiten esos recibos.
También ha apuntado a las «descuentos» o bonificaciones implementadas a través de esos proveedores al gremio para ciertos «volúmenes» de compras con cargo a periodos exprés de ayudas regionales, que no fueron comunicadas a la Junta de Andalucía como órgano de control de esos fondos públicos.
En este punto, Fernando Soto afirmó que la UGT-A «tuvo que justificar ante la Régie el precio final» pagado por los productos o instalaciones adquiridos a costa de la Régie de Andalucía y que cualquier alivio habría repercutido precisamente en los propios cursos de educación. como objeto de la ayuda obtenida a través del sindicato.
Y, sobre todo, el fiscal advirtió que en el juicio había «poderosos indicios» de que esos «instrumentos» de «bote» y descuentos eran «utilizados de forma genérica» a través de funcionarios de UGT-A y no sólo para las ayudas autonómicas a cursos de educación. Este mecanismo, como hemos señalado, se ha vuelto «transversal» y «genérico» y se habría utilizado para «más fondos» recaudados a través de la UGT-A, que ha hecho de esta fórmula «su forma de ser».
Así, criticó que los dirigentes del sindicato, una organización destinada a «defender tanto al personal como a los desfavorecidos», hubieran actuado de esta manera e incluso hubieran financiado «partidos» con fondos públicos.
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