Cuatro jueces de la Corte Constitucional (CC) han asestado un golpe demoledor al deporte nacional. El pasado miércoles, los magistrados Dina Ochoa, Leyla Lemus, Héctor Hugo Pérez y Néster Vásquez otorgaron cobertura provisional al exfutbolista Jorge Rodas y le ordenaron asumir la presidencia de el Comité Olímpico Guatemalteco (COG). El desafío es que el Comité Olímpico Internacional (COI) rechazó las elecciones en las que resultó electo Rhodes, diciendo que no fueron ni justas ni libres. Este escenario afectará seriamente a los atletas guatemaltecos, ya que es muy probable que el país será desafiliado del COI debido a la abierta injerencia del gobierno en la autonomía deportiva. Desde el 15 de octubre, el país está suspendido, a la espera de que reconsidere y se adhiera al precepto de respeto a la autonomía del deporte. Ahora solo queda cuestión de días para que se produzca su deportación.
No fue una investigación inteligente de los magistrados sobre la defensa constitucional del juego. Es más, ni siquiera le correspondió a la Corte Constitucional interferir en este caso. Sin embargo, el servilismo de esos magistrados a los intereses y berrinches del presidente Alejandro Giammattei y su Más fuerte estuvo el amigo Miguel Martínez, con el que llevaron el juego nacional a su peor momento antiguo. El GOC interino había denunciado a los magistrados Ochoa, Lemus, Pérez y Vásquez por resoluciones inconstitucionales, prevaricación y abuso de poder. Por supuesto, el Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras, ignoró esto. La CC ahora es culpable de aislar el juego guatemalteco. El país tiene un paria para el juego extranjero, gracias a los compromisos de Giammattei con los magistrados constitucionales.
Gerardo Aguirre y su mafia tampoco significaron la salvación del juego nacional. Este líder aferrado a la fuerza de la COG desde 2013 ha despilfarrado los recursos del juego para obtener ventajas de su mafia. Aguirre ha acumulado fuerza otorgando a sus familiares puestos el COG y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG). Detrás de las dos organizaciones no está el amor al juego, sino el de los 128 millones de Q que corresponden al Comité Olímpico. La organización de Aguirre hace un uso opaco de esos presupuestos y está solo le interesan sus privilegios, mientras que Rodas, quien representa los intereses de Giammattei y Martínez, necesita ese presupuesto para el saqueo de la alianza oficialista. Aguirre cuenta con la de Willy Kaltschmitt, representante del Comité Olímpico Internacional (COI) en Guatemala, para Ya sabemos de antemano hacia dónde girará el destino del juego nacional.
Si, en todo caso, a la Corte Constitucional le hubiera interesado la larga duración del deporte nacional, lo máximo correcto hubiera sido pronunciarse a favor de la celebración de nuevas elecciones, sin la participación de los dos equipos en pugna. Lo que le espera al país es su desafiliación del olimpismo extranjero y los atletas nacionales seguirán siendo parias, sin acceso a competencias extranjeras en todas las disciplinas. Tampoco obtendrán inversión del Movimiento Olímpico. En términos reales, 322 atletas guatemaltecos estarían sin salud y sin seguro de vida, y perdería la ayuda monetaria mensual del programa de retención de destrezas. En este escenario también quedarían 138 entrenadores y técnicos de alto nivel, 74 técnicos deportivos y 78 técnicos administrativos y operativos. Toda una tragedia para el deporte nacional, que sucumbe a falsos intereses. Presidente Giammattei y su amigo Miguel Martínez tendrán que estar contentos de haber hundido el deporte nacional.