Aunque la vicepresidente tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, insistía el lunes y martes pasado desde Bruselas en que existía sintonía con el Ejecutivo comunitario, la Comisión y el Consejo han optado por no pronunciarse hasta conocer los detalles de las cuentas.
Eso sí, recuerdan que el vicepresidente encargado del Euro y del Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, e interlocutor de España en esta materia, junto con el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni, es el mismo que firmó la carta enviada a España el pasado 22 de octubre pidiendo más ajustes. Desde la Comisión recuerdan que, en este sentido, la política europea no ha cambiado nada.
Merece la pena señalar que las declaraciones de Calviño en Bruselas los pasados 27 y 28 de enero, expresando que había encontrado comprensión por parte tanto de la Comisión como de sus colegas los miembros del Eurogrupo, las hizo el lunes antes de que se celebraran las reuniones de los países miembros de la Unión Económica y Monetaria, es decir el Eurogrupo y un día más tarde antes de que lo hicieran los entonces todavía 28 ministros de Economía y Hacienda de la Unión Europea componentes del Ecofin.
Calviño vino a repetir el mensaje que había lanzado justo una semana antes en la reunión de Davos. El Gobierno está alineado en la política económica centrada en la responsabilidad fiscal, la sensibilidad social y las reformas. Bien es cierto que matizaba que todavía no se habían empezado a negociar las cifras de déficit para la nueva senda y que el diálogo se intensificará en las «próximas semanas”.
Tras la celebración tanto del Eurogrupo como del Ecofin los responsables comunitarios no mencionaron ni una solo vez el nombre de España. No se había tratado en ninguno de los consejos.
Lo que si recuerdan desde Bruselas es que sigue vigente el último documento enviado desde la capital comunitaria en el que se especificaba que el proyecto enviado por España no cumplía con los objetivos ni de gasto ni de déficit, si bien es cierto que los altos funcionarios comunitarios lo atribuían al carácter provisional del Gobierno cuando lo enviaron en otoño.
Como las últimas cifras enviadas por el Ejecutivo español el año pasado empezaron a provocar malestar y división en la propia Comisión Europea al entender que España hacía oídos sordos al Plan de Estabilidad, el mensaje que quieren transmitir ahora, con un nuevo Colegio de Comisarios, es el de no opinar sobre algo que no existe.
Conviene recordar además, que el proyecto de Madrid correspondía a la segunda prórroga de los presupuestos aprobados con el Gobierno de Mariano Rajoy, que como anécdota, habían recibido el visto bueno con retraso en el mes de mayo, cuando lo lógico era que hubieran pasado el trámite parlamentario antes de finalizar el 2017 como proclama la Constitución.
Bruselas dejó claro que el borrador de Presupuestos enviado por España en octubre, el ‘Draft Budgetary Plan’, no alcanzaba el ajuste que se había prometido del 0,65 %, el equivalente a unos 6.400 millones que el Ejecutivo tiene que conseguir con más impuestos o menos gasto.
Bruselas además en la carta firmada entonces por el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y por el Comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, señalaba que los Presupuestos preveían una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto del 3,8 %, que supera el máximo recomendado del 0,9 % por lo que no se garantizaba el cumplimiento de la regla de déficit y de deuda en 2020.
Por ello la Comisión Europea pedía a España la presentación de un borrador de Presupuestos actualizado de acuerdo con las normas comunitarias para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones para España.
Entre las prioridades de Bruselas no está el volver a debatir los objetivos de déficit, tal y como sugiere Calviño que se podría hacer. Fuentes de la Comisión y del Consejo insisten en que las incertidumbres actuales evidencian que no son tiempos para excesos y menos para el aumento del gasto público. La Comisión ha hecho prioritaria la negociación para el final del Brexit, el futuro mercado único digital, la consecución de una Europa Verde y el presupuesto plurianual.
El ejemplo de las políticas de contención del gasto, como es el proyecto de reforma de las pensiones en Francia, es una muestra de que el futuro de la UE no lo marcará la relajación presupuestaria.
Las embajadas siguen transmitiendo su preocupación por la configuración del Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque el incidente con el viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Turquía con escala en Madrid, pese a que tenía prohibida la entrada en el espacio aéreo comunitario, nada tiene que ver con las cuestiones Presupuestarias, no va a ayudar.
Y desde los principales ámbitos comunitarios advierten de que el silencio sobre el futuro presupuesto de gasto público nada tiene que ver con una futura relajación de los componentes del Pacto de Estabilidad. Las cuentas las tiene que hacer España, pero si no cuadran lo que está claro es que no se va a cambiar el marco comunitario, por mucho que Calviño diga que el pacto de estabilidad no se corresponde con la realidad española, aunque si con la de otros países.
Como recuerdan desde el ámbito empresarial, tanto o más importante que recibir el visto bueno de Bruselas es la existencia del propio proyecto, porque supondrá que el Gobierno de coalición se ha puesto de acuerdo sobre la materia que más directamente afecta a los ciudadanos.
Este martes se deben aprobar en el Congreso de los Diputados los decretos Ley que afectan al incremento de las Pensiones y de la subida salarial de los funcionarios. Primera medida de gasto que no conlleva un incremento, salvo el indirecto de la mayor recaudación derivado de la subida. A Bruselas las cuentas no le salen. Y conoce sobradamente bien la realidad española.