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En SANTIAGO, el 4 de diciembre por la tarde. La agencia One/EP) –
El presidente de la comisión de investigación parlamentaria que se trata de una acusación constitucional, Daniel Verdessi, ha informado este miércoles de que en la primera votación que tendrá lugar el próximo jueves, en la Cámara de Diputados.
El representante chileno, deberá presentar su contestación a la acusación constitucional, por la que se dispone hasta la media noche del jueves, por lo que debe enviar al Congreso en las próximas horas.
«Nosotros representamos a una convicción más profunda y completa de la administración pública que esta acusación no tiene la manija», dijo el orador, Karla Rubilar por parte del gobierno. Como se ha explicado, en la defensa de Piñera, obtendrá un tema que el anterior, con fundamento en la falta de base jurídica, a fin de evitar que el proceso continúe.
Diez de los diputados opositores, el número mínimo de firmas para lograr el éxito, presentó una acusación constitucional en contra de Piñera en el Congreso, el 19 de noviembre, a las violaciones «graves» de los derechos humanos a manos de agentes del Estado, que se han producido en los medios.
Para su desarrollo, se requiere de una mayoría absoluta en la Cámara de los lores y la de los dos tercios en el Senado. Hasta el momento, sólo tres presidentes han tenido un juicio político en Chile», en Manuel Montt, en el año de 1868, por la que ganó, Carlos Ibáñez del Campo, en el año 1931, en que cesó; y el ex presidente Arturo Alessandri, en agosto de 1939, en cuyo procedimiento se ha destruido antes de que se realice.
La acusación constitucional en el que sólo se puede mover en contra de algunos funcionarios del Estado, incluido el presidente, bien por abuso o desviación de poder, en los delitos de rango constitucional y de los delitos que se cometen en el ejercicio de sus funciones.» En el caso de la adopción, lo que implica el despido de forma inmediata, y puede llevar a la inhabilitación para ocupar cargos públicos. También a participado en procesos civiles y penales.
Las protestas en Chile, y que estallaron el pasado 17 de octubre, para la habitación de un aumento en el precio del metro en cuestión de meses, sino de los que subieron con rapidez, para denunciar las desigualdades sociales y de exigir a mudançaconstitucional. Al menos 22 personas han muerto por la represión de las manifestaciones en contra del gobierno, que incluye a cinco de las cuales el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) acusó a las fuerzas de seguridad.
Piñera, que en un principio respondió declarando el estado de emergencia y pidió disculpas por no escuchar a los chilenos, ha anunciado una «agenda social», para responder a sus demandas y se ha remodelado por el gobierno para llevarla a cabo. Además de esto, se accede a «in extremis» un proceso constituyente en el que se decidirá en un referéndum en abril próximo. A pesar de ello, las protestas continuaron.
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