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Golpes de oposición a ETA tras su disolución: 12 detenciones y enjuiciamientos
En mayo de 2011, el PP de Mariano Rajoy cabreado porque el Tribunal Constitucional había corregido al Supremo y permitido a Bildu presentarse a las elecciones municipales de ese mes. El entonces portavoz popular, Esteban González Pons, mano derecha del actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en materia institucional, lanzó un dardo envenenado a los seis magistrados constitucionales que habían votado a favor de la legalización de Bildu: «Con guardaespaldas y salario inteligente, es muy sencillo decir que Batasuna se postulará y seguirá siendo un demócrata global».
Dada la brutalidad del debate político que ha vivido España, esas palabras casi suenan a música en comparación con los exabruptos escuchados en los últimos años. Sin embargo, el entonces vicepresidente del Gobierno, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien el PP empezó a elogiar su muerte, pensando que el partido conservador había reaccionado de forma «abyecta, incompatible con la democracia» y que Rajoy era culpable de ello. En lugar de luchar contra el «coro» de la «derecha de la derecha», a través de José María Aznar, tuvo que fichar por ellos.
Ahora la historia se repite. Aunque reclama al máximo a diario moderación y centralidad en sus discursos, Feijóo mantiene esta misma estrategia frente a ETA, en la que también abundó Pablo Casado. El exdirigente dijo en abril de 2019 que Pedro Sánchez «prefiere las manos manchadas de sangre a las manos pintadas de blanco», enfrentándose a EH Bildu frente a las víctimas de ETA. En julio, el máximo debate parlamentario vital del año, la portavoz del PP y secretaria general del partido Cuca Gamarra centró su reacción a Sánchez sobre la organización terrorista y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La organización anunció el cese permanente de la violencia hace 11 años.
Feijóo tampoco impide a Isabel Díaz Ayuso, que se refiere a ETA casi todas y cada una de las semanas. Ese mismo lunes, en la primera intervención del presidente de Madrid tras la multitudinaria manifestación del domingo para pedir mayor sanidad pública, Ayuso habló de ETA y la reforma. de sedición, antes de evocar la protesta. Esta es su forma de desviar la atención de sus problemas. Le mostró el confinamiento por covid-19, cuando andaba constantemente a la caza de un encontronazo con Sánchez. “También descubrimos cómo se da una orden no seguir investigando los delitos de ETA», dijo en referencia al Gobierno central. El Ministerio del Interior respondió con datos: desde la llegada del PSOE a la Moncloa en junio de 2018, otras 41 personas han sido detenidas por delitos de terrorismo similares a los de ETA, y añadió 12 por club de la organización terrorista.
En la Comunidad de Madrid justifican la insistencia de la presidenta en este factor porque tendrá que advertir que Sánchez «prestará» a Otegi.
En el equipo de Ayuso, esta insistencia en hablar de la banda se justifica porque considera que advierte al corporativo que el director general «hará lendakari» a Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, que «fue un secuestrador» de la banda de ETA. Otegi fue condenado a seis años de prisión en 1987 por participar en el secuestro del empresario Luis Abaitúa.
En la sede de Génova justifican que para la líder madrileña es un factor primordial en su oposición a Sánchez porque se dirige a un electorado muy derechista y así moviliza a «los suyos». La vuelta a las urnas es segura. En Madrid, Ayuso paró la general de Vox en toda España en las elecciones de 2021: pasó de solo 12 a trece escaños.
Pero aunque el tono de la madrileña tiene muchos más decibelios que el de su líder, el propio Feijóo llegó a decir en septiembre que Sánchez «acepta el chantaje de Bildu» con los acercamientos de los criminales de ETA a los criminales del País Vasco. Esta política, que fue un arma implantada a través del gobierno del socialista Felipe González en 1989, también fue utilizada a través de los cuadros del PP, aunque ahora los líderes populares se olvidan de ella. Según datos delictivos, en las dos legislaturas de José María Aznar, entre 1996 y 2004 , con la organización terrorista sumando los asesinatos y secuestros de José Antonio Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco, el Ejecutivo ordenó 574. Rajoy, a sus siete años en la Moncloa, activó 229 acercamientos.
Un alto cargo que combatió el terrorismo de ETA con cualquiera de sus dos componentes admite que posiblemente le parecería injusto al PP criticar ahora esos traspasos, subraya que hay una novedad «clave»: el Gobierno vasco lleva un año en tasa de cárceles y es el uno que «finaliza la operación mediante la entrega de los 3º grados a los etarras». «Sánchez hace la primera parte del trabajo sucio, juntarlos, y el PNV los suelta», añade.
Sin embargo, es el Juzgado Central de Instrucción Penitenciaria el que tiene la última palabra. De hecho, por ahora ha revocado cinco 3º grados a presos de ETA. Estatuto de Autonomía de Gernika.
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