A.M. Best considera que, desde un punto de vista operativo, la salida de Reino Unido de la Unión Europea “tendrá poco impacto inmediato en las aseguradoras en el Reino Unido y la UE». Sin embargo, advierte de que las negociaciones comerciales y las decisiones regulatorias dictarán el impacto a largo plazo del brexit en las entidades del sector.
La agencia recuerda que, durante el período de transición de 11 meses, las aseguradoras de Reino Unido podrán suscribir negocios dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) a través de los derechos de pasaporte existentes y las aseguradoras del EEE conservarán el acceso al mercado del Reino Unido. Sin embargo, cuando acabe el período de transición, también lo harán dichos derechos de pasaporte.
“La mayoría de las aseguradoras domiciliadas en Reino Unido que han hecho uso de los derechos de pasaporte, como Lloyd’s, London Market y otros suscriptores de líneas comerciales, ya han establecido acuerdos para garantizar que puedan continuar operaciones del EEE al final del período de transición. En muchos casos, esto ha tomado la forma de nuevas filiales domiciliadas en la UE”, explica Catherine Thomas, directora senior de Análisis de A.M. Best.
Thomas agrega que el régimen de permisos temporales de Reino Unido, que permite a las aseguradoras del EEE continuar operando hasta tres años después de la retirada del Reino Unido de la UE, otorgará a las aseguradoras que actualmente utilizan los derechos de pasaporte para operar en el Reino Unido tiempo para adaptarse.
En opinión de A.M. Best, Reino Unido está bien ubicado para lograr la equivalencia de Solvencia II. Mathilde Jakobsen, directora de Análisis, señala: “Existe la posibilidad de que los requisitos reglamentarios y de solvencia precisos en Reino Unido y la UE difieran, pero esto no necesariamente impedirá que Reino Unido logre la equivalencia de Solvencia II”. Recuerda, asimismo, que la Comisión Europea ha declarado que los regímenes de terceros países no necesitan ser idénticos al marco de la UE, aunque sí deben garantizar en su totalidad los resultados establecidos en el marco comunitario.
Con la salida definitiva este sábado de Reino Unido de la UE se pone fin a más de 1.300 días de negociaciones para una salida ordenada. “Se termina con una larga etapa de incertidumbre que ha tenido claros efectos sobre le economía británica, pero se abre otro periodo también muy exigente para diseñar las relaciones comerciales, de seguridad o migratorias de Reino Unido con el resto de países”, indica Gonzalo de Cadenas-Santiago, director de análisis macroeconómico y financiero del Servicio de Estudios de MAPFRE.
“Los efectos sobre las economías de Reino Unido y de la eurozona (prevemos un débil crecimiento del 1% para ambas en 2020) son todavía inciertos, pero sí parece claro que este hito hace todavía más necesaria una reforma fiscal europea que sirva como catalizador de la maduración estructural e institucional de la Zona Euro que promocionara un crecimiento potencial mayor”, comenta. “Al menos, la nueva configuración de las instituciones europeas (Comisión Europea, Consejo Europeo, Banco Central Europeo, etc.) parece eliminar, por lo pronto, dudas sobre la senda institucional futura de la Unión Europea”, concluye.
Con datos de 2018 (últimos disponibles en la DGSFP), había cinco entidades españolas en Reino Unido en régimen de Derecho de Establecimiento y otras 58 en régimen de Libre Prestación de Servicios. Del otro lado, eran 31 las entidades de Reino Unido en España en régimen de Derecho de Establecimiento y 159 en Libre Prestación de Servicios (sobre un total de 856 entidades).
Además, 2.254 mediadores de Reino Unido operaban en España ya sea en Derecho de Establecimiento o en Libre Prestación de Servicios. La cifra de españoles en el país británico era de 92.
La actividad de entidades españolas en Reino Unido ascendía, en 2018, a 739,5 millones en el caso de las entidades en régimen de Derecho de Establecimiento y 4,7 millones, en las de Libre Prestación de Servicios.
La actividad en España de entidades de Reino Unido era, en 2017, de 281 millones de euros en las que operaba en régimen de Derecho de Establecimiento y 20 millones, en las de Libre Prestación de Servicios.
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