El presidente Sebastián Piñera dio a la defensa y a la acusación constitucional de la violación de los derechos humanos, ante la crisis social, en la que se ha presentado contra él por parte de los miembros de la oposición.
De acuerdo con el documento presentado por el abogado Juan Domingo Acosta, Piñera se ha acogido a la pregunta anterior, apelando a que «la acusación de que no es admisible, toda vez que no cumple con los requisitos mínimos», como un «ser de carácter excepcional, o de la última de la razón».
Más allá de cuestionar el hecho de que la acusación constitucional que se usa para «ejercer una presión política», señala que «vulnera gravemente el debido proceso legal, con el fin de restablecer las cosas que aún no han sido establecidos, para realizar las alegaciones de las vacantes».
«La garantía del debido proceso, que exige que las afirmaciones son exactas, y que se constituyen en actos de carácter personal de los acusados. En este caso, de las declaraciones hechas por el Presidente de la República, son genéricas y vagas, y que se basa en los hechos y las circunstancias en las que aún están siendo investigadas, y que han sido establecidos por los tribunales de justicia», ha dicho.
La defensa de Piñera, se observa que en ninguno de los casos mencionados en la acusación constitucional, no hubo un pronunciamiento de los tribunales de justicia. Los acusadores no han acompañado a la historia lo suficiente como para acercarse a un registro.»