Este tipo de honorarios son graves e implican un procedimiento judicial riguroso para determinar si se cometió el delito.
La prevaricación es un término legal que describe una conducta ilícita cometida a través de una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. Se trata de un delito cuando un servidor público toma una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que es injusta.
En términos, la evasión ocurre cuando una autoridad abusa de su fuerza para tomar decisiones que son manifiestamente contrarias a la ley, destructivas para terceros o favorecen intereses no públicos.
La palabra prevaricación proviene del latín «praevaricatio», que significa desviación o transgresión del deber. Este delito está tipificado en el Código Penal de muchos países, sumándose España, donde está regulado a través del artículo 404 del Código Penal.
La ley establece que la autoridad o funcionario público que a sabiendas emita una resolución arbitraria en materia administrativa comete prevaricación, imponiendo pena de inhabilitación especial para el empleo o servicio público por tiempo de siete a diez años.
La clave para que se considere una prevaricación es la arbitrariedad de la solución y la sabiduría del usuario culpable de su injusticia. Esto significa que no basta con que la resolución sea o desfavorable; Tendrá que ser evidentemente injusto y publicarse con plena conciencia de su injusticia.
Para que una acción sea considerada prevaricación tendrán que ocurrir varias cosas:
Sujeto Activo: Debe ser funcionario o autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.
Cuando te hacen la prueba de alcoholemia los únicos que tienen medios para respirar son los que han estado bebiendo y creen que van a dar positivo. Lo mismo ocurre cuando te llaman a declarar.
Este Sánchez deprimente no responde ninguna pregunta. . .
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