El primer mandatario Sebastián Piñera decidió otorgar el indulto presidencial por razones humanitarias al exagente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Desmóstenes Cárdenas Saavedra, de 65 años, lo que generó el inmediato rechazo de organizaciones de Derechos Humanos.
El exintegrante de la FACh fue condenado en 2016 a 10 años y un día de cárcel por el secuestro calificado del militante comunista Stalin Aguilera Peñaloza, y mantiene pendientes otras tres condenas, todas enmarcadas en la denominada “Operación Colombo”.
La acción fue ejecutada por la DINA entre 1974 y 1975 para encubrir la desaparición de más de 100 detractores de la dictadura de Augusto Pinochet.
Actualmente, Cárdenas se mantiene internado en la FACh, con cáncer terminal. Sin embargo, no podrá volver a su casa por las causas pendientes, según detalló El Mercurio.
En ese sentido, la presidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, sostuvo que la condición médica del condenado no debe ser utilizado como recurso un para garantizar la impunidad.
“Eso no significa que tenga que salir en libertad, porque las razones humanitarias tienen que ser vistas en la dirección de que la humanidad no vuelva a correr peligro de que sujetos como este le arrebaten la vida a otros y a otros solo por pensar distinto”, manifestó.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, dijo que esta es una señal a favor de los violadores de derechos humanos.
“Nosotros como familiares insistimos que ellos deben pagar con cárcel los pocos años que se les dieron en crímenes tan alebozos como fue la tortura o detención con desaparición”, señaló Lira.
En tanto, el abogado defensor de Cárdenas y líder del partido en formación Fuerza Nacional, Raúl Meza, valoró la resolución del presidente y dijo esperar que el beneficio pueda extenderse a las demás causas pendientes.
«Es de esperar que el indulto concedido en relación con el proceso judicial que reitere la misma disposición, en el perdón, sobre todo en los casos judiciales de este preso», dijo.
Del mismo modo y en otras causas judiciales, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aprobó la decisión del Ministerio Público de no investigar el incidente en el que el presidente Piñera visitó y se fotografió en Plaza Baquedano, puesto que no sería constitutivo de delito.
Cabe recordar que el hecho, ocurrido a principios de abril, fue en medio de la cuarentena que mantenían la comunas de Santiago y Providencia debido a la pandemia del coronavirus.