En medio de la crisis sanitaria, económica e institucional (por el escándalo de Don Juan Carlos), el gobierno de Pedro Sánchez acaba de sumar algún otro reto cuando nos informan que Podemos, el partido que integra el gobierno de coalición con el PSOE , ha sido acusado de delitos con los imaginables estilos de vida de una «caja B» de efectivo oculto y bonificaciones al aire libre de legalidad y transparencia tributaria. Esta acusación, que denuncia Podemos siguiendo la mala religión del juez, se suma a la investigación sufrida a través del propio Pablo Iglesias por una denuncia falsa imaginable y la retención del carnet de celular de su colaboradora Dina.
Dos instancias que involucran a un testigo de cargo como el exjefe del departamento legal de Podemos, José Manuel Calvente, a quien Iglesias intentó silenciar y desacreditar con una denuncia de «acoso sexual» contra un colega de su partido.
Denuncia desestimada y presentada ante los tribunales por falta de pruebas y los tribunales desestimaron, por presunta denuncia falsa de Iglesias – últimamente investigada por ello – la acusación de que la «política política» de Villarejo actuaba en contra de Podemos en la época del gobierno de Rajoy.
La imputación de Podemos y componente de su junta directiva ha levantado serias consideraciones al interior del gobierno de Sánchez, donde Iglesias y sus ministros siguen creando desórdenes para el presidente y los ministros del PSOE, así como entre los componentes conservadores de la oposición que han introducido la tarifa. opuesto a Iglesias como muchos medios de comunicación.
Y todo esto ocurre cuando Iglesias y Podemos se oponen a la monarquía y al rey Felipe VI, dependiendo de las denuncias de la supuesta corrupción del rey emérito Juan Carlos I, quien salió de España el 3 de agosto y sigue desaparecido. Desconocido.
El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, acusó a Juan Manuel del Olmo, secretario de comunicación y activista de Podemos, así como colaborador cercano de Pablo Iglesias, además del tesorero y director del partido tras la denuncia interpuesta a través del abogado Calvente se desestimó por una posible apropiación indebida del presupuesto y una administración injusta. Además, la sentencia también acusó a Podemos como persona jurídica en el caso. El Juez de Paz convocó al 3 el 20 de noviembre como investigador luego de que Calvente ratificara su denuncia ante Escalonilla y declarara durante varias horas a fines del pasado mes de julio.
Aparte de esas citaciones, el dictamen sobre ordenó otros procedimientos en el caso que acaba de comenzar, como exigir a Podemos que proporcione una amplia documentación que va desde la contabilidad hasta las tablas de pago de los trabajadores.
Las apariciones de los investigados se posicionarán después de Calvente y Gloria Elizo, la actual vicepresidenta 3 del Congreso y exjefa del equipo legal de Podemos, y la Sra. Carmona, alguna otra ex abogada del partido, que también despidió en diciembre. , se han declarado. Ambos fueron citados el 15 de septiembre como testigos en respuesta a la denuncia de Calvente.
La resolución del magistrado llega días después de que el Tribunal de Cuentas un informe en el que se registran 425.000 euros de gastos, que Podemos ha culpado de electoral al 28-A y que el juzgado considera irregular.
Como dijo el propio abogado a Europa Press, él y Carmona estaban realizando una investigación interna sobre irregularidades contables imaginables en Podemos cuando fueron despedidos. Irregularidades que hubieran consistido en gastos injustificados o imprevistos en los presupuestos o bonificaciones de los partidos. También dirige sus sospechas contra Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.
En todos los casos, Calvente ha querido aclarar que no denunció a Podemos como persona jurídica y que su carta no va dirigida contra personas expresas, sino hechos similares supuestamente anormales, por lo que es el juicio quien tendrá que decidir. , luego de la correspondiente investigación, quiénes son los perpetradores imaginables.
La abogada despedida el pasado mes de diciembre tras ser denunciada a través de alguna otra de las abogadas del partido, Marta Flor, por acoso sexual y pictórico, denuncia que recientemente interpuso a través de algún otro dictamen de Madrid sobre el que no se encontraron pruebas.
Podemos pidió que se aprobara la sentencia para anular la de su ex abogado Calvente. En la carta a la que tuvo acceso EFE, de fecha cinco de agosto, el Panel Violeta argumenta que sólo ganó «un extracto parcial con deficiencias técnicas» de Calvente a la sentencia de sentencia de 29 de abril, lo que genera una «evidente falta de defensa». «de los cargos del imputado.
Se puede pensar que el no poder «verificar» los de Calvente les obliga a «ejercer» ciegamente «el derecho de amparo de los representantes del partido convocados para noviembre, para lo cual pide la» nulidad «de la declaración y retirarse». sin efecto ”, el procedimiento se acordó“ a la vista ”en los autos del 30 y 31 de julio.
Según Podemos, sus abogados sólo se ganaron la grabación de los primeros 41 minutos y 52 segundos, y «con deficiencias técnicas significativas que les salvan de entender gran parte de lo informado», sin indicar el «tiempo restante, que será de unas 2 horas». y 40 minutos «.
Fuentes del partido morado aseguran que los abogados del partido se han vuelto a contactar con el Juzgado para solicitar un completo por si ha habido «un error». Pero la «sorprendente respuesta» de la Corte fue que lo que se entregó fue lo único en el proceso y no parece que se hiciera una transcripción del mismo.
Esta investigación sobre la supuesta ‘casilla b’ de Podemos, se suma al caso abierto a través de la denominada Dina, donde el dictamen de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga el presunto robo del celular a Dina Bousselham, la exasesora de Iglesias . Un caso en el que se dicta sentencia sobre cuestiones que el líder de Podemos y el vicepresidente del gobierno acaban de cometer los presuntos delitos de descubrimiento de secretos y daño del PC por la forma en que manipuló la tarjeta celular de su asesor.
El contenido de la tarjeta del teléfono celular, que incluía fotografías íntimas y conversaciones entre miembros de Podemos, daba la impresión en la casa del excomisario de fitness José Manuel Villarejo cuando fue detenido en noviembre de 2017.
Al abrirse este caso, Iglesias manifestó que cuando ganó la tarjeta del presidente de Grupo Zeta funcionó, mientras que Dina destacó, por su parte, que no puede acceder al contenido de la tarjeta, lo cual, según constató en la investigación. , está parcialmente quemado.
Estas contradicciones llevaron a dictar sentencia para remover la condición de agraviado en esta pieza del caso Villarejo, al mismo tiempo que rechazó «apresuradamente» la propuesta de la fiscalía de citar a Bousselham para explicar en contra de quién incoaría un proceso criminal o quién, de ser así, concedió el perdón por esos hechos. Ante esta decisión, el exconsejero, que ahora regenta un diario virtual cercano al partido, optó por enviar una carta para que dicte sentencia exculpando a Iglesias del daño hecho a la tarjeta y confiando en que cuando se la entregó, funcionó, y que luego dejó de hacerlo.
La empresa a la que acudió su cónyuge a recuperar el contenido de la tarjeta le dijo al dictamen emitido en un informe reciente que había llegado «irrecuperable» con las mismas viejas estrategias a su sede de Gales en septiembre de 2017, pero intacta y sin cortocircuito.
Si el dictamen sobre finalmente descubre que el vicepresidente ha cometido un delito, deberá solicitar su imputación a través de una presentación razonada ante el Tribunal Supremo, ya que es un indicador.