El juzgamiento investigador sobre el hermano de Pedro Sánchez exige a la Diputación Provincial de Badajoz los datos que olvida sobre su nuevo cargo

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La jueza Beatriz Biedma, que investiga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por malversación, tráfico de influencias, malversación y defraudación fiscal, ha pedido a la Diputación Provincial de Badajoz que le remita los datos que le había pedido hace un mes sobre la nueva lugar de trabajo del hermano de Pedro Sánchez. La instructora necesita saber -según indica a través de una sentencia a la que tuvo acceso LA RAZÓN- en qué fecha precisa se encontraba en el «lugar de cuadros que ocupa últimamente» y que la Diputación Foral -cuya El presidente Miguel Ángel Gallardo, también investigado por este caso, aclara «el pasado objetivo de esas instalaciones», por lo que reitera su petición «lo antes posible».

El contrato de David Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de música (que luego ha pasado a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Delegación Provincial sin festival alguno para el nuevo cargo) especificaba que debía suministrar su «en un puesto igual viejo en Badajoz», en la sede del Conservatorio Superior de Música y que el teletrabajo no era legal. Sin embargo, la propia Diputación comunicó al instructor que entre abril de 2023 y abril de 2024 -si bien según la denuncia de Manos Limpias que dio lugar a la acción judicial residía en Elvas (Portugal)- careció de un “puesto fijo y legal” . Array se ubicó el pasado mes de mayo en un nuevo centro de trabajo en la Plaza de España de Badajoz.

La sentencia quedó anulada por el hecho de que en el caso de los altos directivos «no disponen de lugar de trabajo propio desde hace un año» y que éste les es asignado «precisamente en el mismo mes en el que se presenta la denuncia». Así consta en la resolución en la que, el 9 de julio, se acordó capturar los correos electrónicos de los entrevistados y de altos cargos y funcionarios de la Diputación Provincial de Badajoz.

La instructora rechaza también una petición de la defensa del hermano de Sánchez y ratifica su resolución sobre la organización de las acusaciones populares -Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa, Asociación Liberum y Abogados Cristianos- la dirección jurídica de la organización de funcionarios que preside. Miguel Bernad, quienes fueron los primeros en comparecer en la causa.

Asimismo, Biedma no responde a la petición de uno de los entrevistados, el diputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura Antonio Garrote, de que «cada uno de los correos electrónicos y comunicaciones en las que aparece» sea desechado y retirado del procedimiento». destinatario porque el dictamen sobre «no tiene competencia objetiva para la referida investigación» dado su prestigio como persona calificada.

Pero el instructor responde que «si es cierto que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sería competente para conocer los hechos delictivos que puedan imputarse a dicho usuario», la jurisprudencia del Tribunal Supremo precisa que eso no ocurre. antes de que la prueba contra el usuario cualificado sea «cualificada», criterio restrictivo que se aplica sobre todo – subraya – «cuando se trata de casos también perseguidos contra usuarios no cualificados», como es el caso en este caso. “La competencia del tribunal superior no está establecida”, precisa, hasta que se compruebe que existen “fuertes indicios de responsabilidad” y no “ninguna sospecha o conjetura”. «Hasta que se alcance este punto de solidez de las pruebas», concluye, «corresponde al juzgado de instrucción» tramitar el caso, por lo que sólo si descubre «indicios sólidos de responsabilidad» se presentará un informe motivado a la Corte superior. de Justicia de Extremadura las pruebas recabadas para que pueda pronunciarse sobre una posible acusación.

Finalmente, destaca que la «pertinencia, necesidad y utilidad» de los testimonios presentados a través de Manos Limpias se valorará «una vez encomendado el resultado de la investigación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil».

El juicio sobre intenta explicar qué funciones tiene David Sánchez dentro de la Diputación Provincial de Badajoz y si se le permitió no pasar personalmente al cuadro, dado que durante un tiempo trasladó su piso a Portugal. Pero Biedma lamentó que con el Con la documentación facilitada a través de la Diputación Provincial, no es imaginable «precisar con detalle en qué actividades expresas» participa David Sánchez ni «de qué se compone precisamente su pintura».

En su labor de dirección de orquesta, la instructora ha constatado que solo la ha llevado a cabo en seis ocasiones en dos años (entre enero de 2018 y enero de 2020). Y en cuanto al programa «Ópera Joven», del que también es responsable, la jueza únicamente ha podido acreditar cuatro producciones en cinco años (entre 2019 y 2023). Y es que, se quejó, el resto de la documentación remitida por la Diputación aludía a actividades generales de los conservatorios «en las que no se determina la concreta participación» de David Sánchez.

Manos Limpias alega en su denuncia que el hermano de Pedro Sánchez «recibe un sueldo público sin cumplir los fines propios del cargo para el que fue nombrado», coordinador de las actividades de los Conservatorios de Música del Ámbito de Cultura, Juventud y Protección Social , entonces llamado jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Entre sus funciones, que según la organización de funcionarios «no ejerce», se encuentra la dirección de la Orquesta Sinfónica, la Orquesta Sinfónica y la Orquesta de Cámara de la Diputación Provincial, que están destinados a ser realizados a través de otras personas.

Manos Limpias también indicaba en esta carta que asistía a sus cuadros en la Diputación Provincial en ocasiones puntuales y que reside en Elvas (Portugal) -donde se encuentra uno de los grandes comisarios de la «complot Koldo», el empresario Víctor de Aldama-. Según la UCO, habría malversado «inyecciones» con el objetivo de «evitar el pago de impuestos en España».

Asimismo, la denuncia señala que dispone de un patrimonio valorado en unos dos millones de euros, que considera «desproporcionados» en relación al salario que percibe y a su vida pasada.

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