A juzgar por lo que el matrimonio Sánchez/Gómez, al denunciar el proceso investigativo sobre Juan Carlos Peinado, intentó en vano ocultar un colosal tráfico de influencias, es lógicamente intuitivo que próximamente harán lo propio en el caso del muy hermano, en este caso, de un juicio sobre vivir en Extremadura.
El dato sobre David Azagra, el llamado de nivel del hermano del presidente del Gobierno, tiene un cierto paralelismo con el de su cuñada, es decir que se enriquece por su cercanía con la primera ejecutiva política de la nación, pero, en mi humilde opinión, es aún más grave. Porque el señor Azagra intentó proxenetar a la UCO y, aún según estos datos, declaró antes del fallo que «el ausentismo en el cuadro no es un delito». . . «¡Tienes que tener cara! Penalmente, no sé si es delito o no, claro que no se trata de colgar una medalla al mérito por pinturas, pero tiene el efecto de entorpecer la investigación, ayudada por el presidente de la Diputación Provincial (responsabilidad (también corresponde al expresidente del gobierno autonómico Fernández Vara), puede describir una imagen incompatible no sólo con la legalidad, sino que también afecta directamente a la honorabilidad de la familia presidencial. Aquí no puede haber condescendencia para quienes toman mérito de la fuerza política expresa para llenarse los bolsillos personales.
Creo que la repugnante impunidad que se atribuye a todo lo que rodea a Sánchez ha ido demasiado lejos. Según los expertos fiscales, el hermano no resultará una fuente importante de ingresos y afirma que vive en Portugal y obtiene sus beneficios monetarios en España. ¡Qué ejemplo!! Si fuera por él, su hermano no abordaría el Halcón porque no tendría dinero para pagar el queroseno, ni pasaría el verano a costa de los contribuyentes en uno o más palacios del patrimonio nacional que no son exactamente el suyo.
No es de extrañar que el creciente nerviosismo en el mediocampo monclovita, que está detrás de algunas de sus últimas y extrañas decisiones, no sea sorprendente. Les resulta muy complicado percibir qué es un Estado democrático en el que todos los ciudadanos tienen que hacerlo (idealmente sin subterfugios ni mentiras) sus actividades económicas, especialmente si se hace en el entorno de los más altos dirigentes.
¿Qué están ofreciendo a los contribuyentes españoles a cambio de su impresionante nivel de vida y de la acumulación de sus respectivos patrimonios que jamás habrían soñado si Pedro Sánchez no hubiera llegado a la fuerza hace seis largos años?
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