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El presidente del gobierno intervino este miércoles en el enfrentamiento con los ayuntamientos de síntomas políticos para buscar calmar los ánimos antes de que el real decreto sobre el uso de los restos de la tesorería municipal se estrelle en el Congreso en la nueva vía. Pedro Sánchez abrió la puerta a «seguir negociando» con entidades locales y equipos parlamentarios culpables de validar el texto. Hasta la fecha, el ejecutivo ni siquiera asegura los votos de sus socios en la cámara baja, cuando los alcaldes de formaciones como el PNV o Esquerra han trasladado su malestar sobre el pacto con la Federación Española de Municipios y Provincias. «Máxima disponibilidad», propuso tras ser enviado con Felipe VI al Palacio de Marivent.
En una caída de complicadas negociaciones presupuestarias, el gobierno necesita subir un nuevo frente político. El acuerdo alcanzado con la FEMP y aprobado a través del Consejo de Ministros el cuatro de agosto como real decreto contempla la opción a los municipios de prestar sus restos, el efectivo almacenado sobre los excedentes de años anteriores, a la Administración General del Estado a cambio de una inyección de 5.000 millones de euros entre 2020 y 2021. La totalidad de la cantidad cedida se devolvería en un plazo de 10 años, prorrogables a 15 si las situaciones de esta prórroga compensan los consistorios. Sin embargo, el plan solo obtuvo el voto favorable del PSOE en la organización municipal y la abstención de IU-Podemos.
En los últimos días, Hacienda ha intentado actuar y el martes complementó su objetivo de asumir el pago de intereses que las entidades locales pagan a los bancos por depositar este dinero. Pero esta condición tampoco ha servido para las tensiones. El corredor urbano de Barcelona se desvinculó del convenio y se negó a trasladar sus ahorros. Asimismo, Madrid, (PP), Valencia (Compromus), Bilbao (PNV), Lleida (ERC) o Cádiz (Adelante C-diz), entre otras ciudades, registraron sus diferencias.
En este clima de descontento, Sánchez defendió este miércoles el mecanismo como medio de facilitar recursos cuando la normativa de estabilidad presupuestaria del gobierno de Mariano Rajoy «impedía que los municipios sufrieran déficits públicos y, en consecuencia, el uso de los restos». En este sentido, el ministro de Hacienda advirtió sobre la amenaza de que el acuerdo se arruine. “Si se aprueba, por supuesto, los municipios siguen sujetos a normativa tributaria, porque es la herramienta legal que les permite relajarse”, dijo María Jess Montero.
El titular de Hacienda también criticó la actitud del PP, que protesta contra lo que considera un «robo», una «expropiación». “Venimos a comunicar sobre decomiso de ahorros, cuando es un préstamo que el gobierno no necesita”, censuró, poniendo el cargo del pacto al ejecutivo en $ 5.400 millones -si sube el fondo de ayudas al transporte. También insistió en que el procedimiento es voluntario.