«Con las manos extendidas, seguiremos negociando con los ayuntamientos y los equipos parlamentarios para cerciorarse del remedio del decreto», ha dicho el mandatario tras la asamblea de Felipe VI en el Palacio de Marivent (Palma de Mallorca), en su primera asamblea oficial desde Se anunció la salida de Juan Carlos I de España. En la práctica, la negociación propuesta a través de Sánchez implica que el decreto, que es tratado en el Congreso como un proyecto de ley, permite a los equipos parlamentarios proponer enmiendas. En la actualidad, el Popular tiene 190 diputados en contra, más de una parte de la Cámara.
Pese a su llamado a negociar, Sánchez defendió el acuerdo y cumplió con el deber del PP. «El origen de esto es una ley del PP que impedía a los municipios dar empleo a sus restos. El gobierno ahora está poniendo en marcha un mecanismo para que puedan utilizar ese descanso. Entre una cosa y otra hay un abismo», dijo el presidente. Poco antes, la ministra de Finanzas, María Jess Montero, advirtió que si el Congreso no validaba la norma, los municipios estarían sujetos a la regla de gasto existente y no podrían utilizar sus restos para inversiones financieramente viables. Es decir, continuarían como se han quedado estancados en los bancos por municipios que simplemente no tienen que pagar deuda.
Montero asegura que «no percibe las críticas» al acuerdo alcanzado entre su rama y la FEMP -aprobó mediante voto de calidad del presidente y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, tras una igualdad de 12 años el Consejo de Gobierno con el PSOE a favor y en contra de PP, Cs y PDeCAt y la abstención de IU-Podemos- y desde su punto de vista “no tendría sentido” que el Congreso no valide el decreto-ley que lo incluye.
¿Porque? La ministra argumenta que con su propuesta, por un lado, “los municipios no estarán sujetos a la normativa tributaria, que quedaría suspendida, básicamente la regla de gasto para 2020”; por otro lado, los consistorios pueden «utilizar sus [ahorros] restantes dentro del límite de déficit»; “Se introduce un procedimiento para aliviar la carga monetaria de los municipios en situación de quiebra o dificultad monetaria con la opción de reestructurar su deuda, mediante mecanismos”; y establece la opción de que los municipios con superávit monetario positivo, «que son la mayoría», puedan, por un lado, obtener un fondo perdido de 5.000 que se activará a cambio de la asignación de sus restos «por un préstamo que se devolverá íntegramente en un plazo de diez años o más si los ayuntamientos desean ampliar este plazo ”.