Queda anulado el señalamiento que habría abierto la puerta para un ‘impeachment’ contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, por presuntamente fallar para prevenir la violación de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales que comenzaron el pasado 18 de octubre. Es una pequeña victoria para el jefe de Estado que lucha contra la inestabilidad, mientras impulsa reformas para sofocar las demandas de los manifestantes.
Con la decisión de este jueves 12 de diciembre, la acusación, que fue presentada el pasado 19 de noviembre por diputados de la oposición, se entiende como no interpuesta, alegando que no cumplía con el umbral constitucional para destituir a un presidente en funciones.
Por tanto, no se analizará a fondo la situación con la que los opositores intentaban destituir al mandatario, tras responsabilizarlo de «graves violaciones a los derechos humanos cometidos desde el estallido social».
Varios diputados habían señalado que la causa «no cumplía con los requisitos mínimos de admisibilidad». Los legisladores de izquierda, detrás de la posibilidad de juicio político, criticaron a Piñera por declarar, al principio de la crisis, que Chile estaba «en guerra con un enemigo poderoso» y por demorarse en atajar los abusos policiales, documentados por varias organizaciones no gubernamentales.
Los argumentos a favor y en contra de la acusación en contra de Piñera
Juan Domingo Acosta, abogado del mandatario chileno, señaló que la acusación no cumplía con los requisitos mínimos de la Constitución nacional. Explicó que en primer lugar «no se imputan actos, como debieran haberse imputado para que una acusación pueda ser admisible, solo omisiones. Dos, no se imputan actos personales, sino de otros. Y en lo referente a haber tolerado, no son acciones que se imputen ni actos de administración».
Por su parte, el legislador Daniel Verdessi indicó que la acusación no procedió porque «el presidente Piñera no admite responsabilidades. Y no las admite porque no se piensa autor de atentados personales contra las víctimas. No presionó el gatillo de la escopeta antidisturbios, no lanzó la bomba lacrimógena, no mutiló, no violó ni ultrajó a nadie. Y parece decir que, si alguien creyera lo contrario, que lo demuestre en tribunales donde están radicadas las causas y donde se debe probar la verdad judicial».
Pero esta declaración no significó que Verdessi estuviera de acuerdo con excluir al mandatario de su responsabilidad, pues en la misma línea afirmó que durante el estado de emergencia la violencia represiva por parte de la fuerza pública contra los ciudadanos aumentó y que el Gobierno no intervino para impedirlo. «Nueve días duró la vigencia del estado de excepción constitucional y sólo al quinto día el Gobierno vino a reaccionar ante un cuadro a esas alturas dantesco. Lo que afirmamos es que el presidente Piñera es responsable de las consecuencias de aquella decisión», afirmó el legislador.
La Policía de carabineros admite abusos de sus integrantes y anuncia sanciones
Mientras en la Cámara de Diputados eran rechazados los señalamientos contra Piñera por presuntamente permitir los abusos de los uniformados, la Policía de carabineros admitía el excesivo uso de la fuerza.
En una rueda de prensa, este jueves, el general y director de Carabineros de Chile, Mario Rozas, informó que hay 856 casos en investigación por abuso policial y que habrá sanciones contra quienes sean encontrados como responsables.
«En algunas se ha llegado a la certeza administrativa de que hay responsabilidad de carabineros involucrados», aseguró Rozas.
La máxima autoridad de carabineros se refirió en concreto a casos como el de un uniformado que utilizó a una menor como escudo humano durante las protestas, o el de la escuela Liceo 7, en Santiago, donde dos alumnas de secundaria resultaron heridas por disparos de escopetas antidisturbios cuando estaban en el interior del instituto.
¿Cuáles serían los castigos para los uniformados victimarios?
Con relación a qué tipo de sanciones recibirían los involucrados, el general dijo que serán de carácter disciplinario desde dentro de la institución que van desde la expulsión del cuerpo policial hasta anotaciones negativas que tendrán impacto en la calificación de los carabineros vinculados a los abusos.
Además, continúan investigaciones por la vía penal, a través de la Fiscalía, las cuales están por concluir la etapa de formulación de cargos, que se sumarán a los determinados por la institución policial.
A finales de noviembre, el ente acusador informó que registraba 2.670 investigaciones abiertas por violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas solo en un lapso entre el 18 de octubre y el 10 de noviembre. Es decir, menos de la mitad del tiempo transcurrido de las movilizaciones, que este 12 de diciembre cumplen 56 días.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron agresiones específicamente por parte de Carabineros de Chile.
Esta es la primera vez que la fuerza pública del país admite que incurrió en violencia excesiva en el marco de las protestas. El presidente chileno ya lo había hecho el pasado 10 de noviembre: «Ha habido excesos, abusos, incumplimiento de las reglas del uso de la fuerza, mal criterio o delitos. Pero eso tiene que ser investigado por la Fiscalía y juzgado por los Tribunales de Justicia», indicó Piñera a la prensa local en ese momento.
Hasta la fecha, la crisis social deja al menos 24 fallecidos y 3.449 personas heridas, de las cuales 1.982 habrían sido por disparos de bala, balín, perdigones u objetos no identificados, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Entre los afectados hay al menos 230 manifestantes que han sufrido heridas oculares por impactos con balas de goma y perdigones disparados por la policía antidisturbios. La ceguera parcial o total de uno o ambos ojos es el desenlace para decenas de jóvenes.
Com Reuters e EFE