El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por delitos de corrupción en el sector personal y tráfico de influencias. Su marido, Pedro Sánchez, fue citado a través del juez Peinado el 30 de julio para explicar qué pasó y si hubo delito. Sin embargo, aparece una situación, con particularidades y en la que no es del todo transparente lo que sucederá, lo vemos en 4 puntos:
1er. Pedro Sánchez puede simplemente hacer mérito a su derecho a declarar
Cualquier testigo posiblemente evitaría realizar una declaración siempre que exista un círculo directo de familiares con el usuario investigado, ya sea su pareja conyugal o asimilada, tal como refleja el artículo 116 del Código Procesal Penal.
En tal caso, no cabe utilizar el silencio de Pedro Sánchez frente a Begoña Gómez, ni el de la usuaria investigada cuando, el 19 de julio, hizo valer su derecho a declarar.
2do. Responderá a las preguntas de la Moncloa
La sentencia que cita al presidente del Gobierno lo hace porque es el marido de Begoña Gómez y no el presidente del Gobierno. Es por esta explicación que el instructor entiende que Pedro Sánchez sólo puede conocer los hechos investigados a través de convivencia con el usuario investigado.
En este caso, el Código de Enjuiciamiento Criminal indica que el dictador pasará al Palacio de la Moncloa para tomar declaración. Sin embargo, Sánchez podría simplemente negarse a testificar.
3er. La voluntad de Pedro Sánchez quedará grabada
En España, cualquier testigo deberá ser grabado a través de medios audiovisuales, tal y como establece el artículo 433 de la citada ley. Sin embargo, cada tribunal tiene libertad para decidir cómo proceder.
Aunque lo más habitual es grabar en vídeo y audio, no sería ilícito que sólo se grabara la voz del presidente del Gobierno, dando el juez Peinado una interpretación flexible del principio jurídico.
4to. Se descarta que Pedro Sánchez respondiera por escrito
Si bien por la literalidad de la resolución que emplaza a Sánchez no se menciona esta situación, puede darse un giro de las ocasiones si la defensa o el fiscal recurren la citación y el instructor sigue sentencia con ella.
La ley reconoce la opción al presidente del Gobierno de responder a las preguntas por escrito siempre que tenga conocimiento de los hechos investigados debido a su prestigio como jefe del Ejecutivo central.
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