El documento de 35 páginas resumió la investigación que efectuó un equipo de observadores entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre en Chile, y que plasmó 17 conclusiones vinculadas con el periodo de violencia que ha sacudido al país.
«Estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias», indicó el texto.
El informe también advirtió que Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas incumplieron las normas y estándares internacionales sobre control de asambleas y uso de la fuerza durante sus labores en medio de las protestas y manifestaciones. Se recopiló información con más de 300 miembros de la sociedad civil, se realizaron 235 entrevistas con víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos, y se concretaron otras 60 entrevistas con oficiales de la propia policía chilena.
«La gestión de las manifestaciones por parte de Carabineros se ha llevado a cabo de manera fundamentalmente represiva. Carabineros incumplió, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre personas que se manifestaban pacíficamente y manifestantes violentos», puntualizó el documento.
«Hay razones fundadas para sostener que ha habido un uso desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia», añadió.
En ese contexto, el grupo de expertos también puso hincapié en las cuantiosas lesiones en los ojos que sufrieron varios manifestantes: «El número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de esta grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo».
Otro punto llamativo en el informe tuvo que ver con el catastro que hicieron los expertos de la ONU.
«Se recopiló información sobre 133 actos de tortura y malos tratos. En la mayoría de estos casos, los presuntos autores son miembros de Carabineros. La mayoría de estos casos tuvieron lugar durante el arresto, el traslado a los centros de detención o durante la detención», señaló el informe de la oficina de Bachelet, que planteó hacer un seguimiento después de tres meses para evaluar la implementación de las recomendaciones que se realizaron.
El gobierno chileno reaccionó al informe y advirtió a través de un comunicado de cinco páginas sobre la necesidad de «validar las fuentes de información». El Ejecutivo también destacó que en el documento de la ONU hay «una serie de afirmaciones y conclusiones» que contienen «información errada».
Imma Guerras-Delgado, que lideró la misión en Chile, defendió la severidad del trabajo antes los cuestionamientos del gobierno. «Los casos proceden de víctimas con quienes nos hemos reunido, y hemos visto su situación, con lo cual yo doy fe que los casos que se presentan son casos que nosotros hemos verificado», dijo.
Más tarde llegó también la respuesta de Bachelet, que fue dos veces presidenta de Chile y antecedió directamente a Piñera.
«Reconociendo y aprendiendo de lo sucedido, miremos de manera constructiva hacia adelante», expresó Bachelet, que llamó a «prevenir que se repitan esos hechos tristes y preocupantes en los que Chile se vio sumergido en los últimos dos meses».
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