La operadora brasileña Oi, que desde el 2016 está inmersa en una recuperación judicial, con una deuda de 65.000 millones de Reales (unos 10.000 millones de euros), deberá darse prisa para desprenderse de su operación móvil, que deberá quedar cerrada antes del 6 noviembre, que es cuando expira el plazo fijado para la próxima junta de acreedores. Vivo y TIM tomaran la delantera: con vistas a la presentación de una oferta conjunta, que según algunos expertos podrá rondar los 18.000 millones de Reales (unos 2.800 millones de euros), iniciaran el proceso de “due diligence”, que consiste en estudiar los riesgos potenciales y las oportunidades de negocio de la operación, y también las reacciones eventuales de las autoridades brasileñas.
Aunque siga en una fase embrionaria, y todavía sin garantías por parte de Oi de exclusividad de negociaciones, lo cierto es que los máximos responsables de Vivo y TIM, respectivamente Christian Gerbara y Pietro Labriola, no esconden su optimismo: apuestan claramente en que para antes de final de año, ya con la luz verde de la junta de acreedores de Oi, quedara cerrada la operación de adquisición conjunta, que según comentan, será positiva no solo para las tres partes firmantes, sino igualmente para el sector y para los intereses nacionales brasileños.
Hasta la autoridad reguladora del sector, Anatel, reconoce implícitamente que la operación reúne todas las condiciones para llegar rápidamente a bueno puerto, teniendo en cuenta no solo la dramática situación financiera de Oi, sino además la actual coyuntura marcada por el COVID-19: Brasil es uno de los principales focos mundiales de contaminación (el miércoles sumaba casi 178.000 diagnosticados con el virus y 12.461 víctimas mortales), y en lugar de frenar la operación, pone aún más presión sobre Oi para llegar a un acuerdo con Vivo y TIM.
Con la venta de activos no core como torres de antenas, centros de datos e inmuebles, más una capitalización de 2.500 millones de Reales, Oi creó condiciones para financiar el plan de inversiones previsto este año. Sin embargo, necesita desprenderse urgentemente del negocio móvil por dos razones principales: al tener un 66% de sus 37 millones de clientes en prepago, Oi es la operadora más afectada por la crisis del Covid-19, y sobre todo, necesita hacer caja para apostar exclusivamente en negocios de mayor valor, empezando por las redes de fibra.
De no ser así, Oi no tendrá gran futuro: las previsiones barajadas por los analistas, es que su nivel de ingresos anuales bajará a los 19.000 millones de Reales, o sea entre 2.000 y 3.000 millones menos de lo previsto para 2020 y 2021. De ahí, la percepción casi general de que, al vender su negocio móvil, donde ocupa la cuarta posición, con un “share” del 16,2% del (frente al 33% del líder Vivo), lo que hará Oi será no solo garantizar su futuro cambiando de estrategia, sino permitir que el negocio móvil quede dividido casi a partes iguales entre Vivo, TIM y Claro.
Los analistas de la patronal del sector apuntan hacia un escenario que sitúa a TIM como la operadora más beneficiada. No tanto por el reparto de clientela (Oi tiene 24,5 millones de prepago frente a solo 12,5 millones de pospago), sino por el reparto de 92MHZ de espectro: para que Brasil pueda tener tres operadoras prácticamente del mismo nivel, 68% de dicho espectro seria para TIM, y 32% para Vivo, con que ambas operadoras sumarian 179 MHz y 185MHz, respectivamente frente a los 177MHz de América Móviles (AM) con Claro/Nextel.
O sea, AM acusa la autoridad de la competencia CADE, que dio su visto bueno al acuerdo, el haber ignorado aspectos nocivos para la competencia; exige que sean garantizadas ofertas de “roaming” en aquellas ciudades que tienen a Telefónica Vivo y a Tim como únicas operadoras; reclama libertad de acceso a la información sobre “sites” afectados por el acuerdo autorizado; exige tener información sobre la inversión prevista en las redes 2G, 3G y 4G compartidas, y que las condiciones de acceso a dicha información sea especificada y garantizada por el CADE.
Lo único en que coinciden todas las operadoras, al margen por lo tanto de sus rivalidades, es que ante la situación provocada por el COVID-19, habrá que aplazar todo lo relacionado con la subasta de las licencias 5G, que las autoridades brasileñas aun quieren realizar este año. Es que además del coronavirus, esta también la fuerte depreciación de la divisa brasileña: 6 Reales es el precio alcanzado por el Dólar, que es la moneda de referencia en el sector, que deberá importar de Estados Unidos buena parte de la infraestructura necesaria para la red 5G.
La gran preocupación ahora en el sector, que es líder en inversión, con una media anual de 32.500 millones de Reales, consiste en resistir lo mejor posible a la hecatombe económica provocada por el coronavirus, que tiene en Brasil uno de sus principales focos infección, y cuya dimensión final nadie puede prever, pero que ya afecta gravemente la actividad y las finanzas de las operadoras: los altos niveles de morosidad y la pérdida de ingresos registrados sobre todo en el prepago, recargas y venta de aparatos, con más de 50% de las tiendas cerradas.
De ahí el gran mérito que tuvo telefónica Brasil, que pese a la extrema gravedad de la situación provocada por el coronavirus pudo terminar el primer trimestre con una buena nota global, con un volumen de ingresos de 2,215 mil millones de euros y un resultado neto positivo de 191 millones, con descensos de un 13,6% y un 14,1%, respectivamente, atribuidos principalmente a la fuerte depreciación du Real brasileño.
La inversión en fibra (incluyendo la tecnología de cobre FTTC utilizada por la operadora GVT adquirida en 2016) creció un 46%, y Vivo cuenta ahora 2,6 millones de clientes de banda ancha, de los cuales 175.000 adicionados entre Enero y Marzo.