El debate sobre el papel del ejército en la vida pública no impide en México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sufrió este lunes un revés legal luego de que se dictara sentencia sobre la orden de que la Guardia Nacional, un cuadro civil creado en 2019, continúe bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y no pasar a manos de la Secretaría de la Defensa (SEDENA) como lo había decretado el gobierno. bajo el mando operativo y administrativo del ejército.
“La Constitución prescribe sólo el fin, pero también los medios constitucionalmente válidos para hacer valer las responsabilidades de la seguridad pública: órganos de carácter civil y no militar”, dice la sentencia.
López Obrador justificó su resolución sobre la Guardia argumentando que las Fuerzas Armadas son menos vulnerables a la corrupción y la popularidad, pero sus críticos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dicen que profundiza la militarización y significa un retroceso en las garantías fundamentales.
Cuando se creó la Guardia Nacional en 2019, “argumentó que se va a incorporar bajo un mando civil, que va a tener un carácter civil, como si fuera una policía federal”, dijo la abogada Joan Ochoa, vocera de Uniendo Caminos México. , la ONG que impugnó la reforma de la Guardia Nacional.
“Sin embargo, desde la creación de esta institución, el mando está a cargo de un general, retirado, eso sí, pero al final bajo un mando del ejército. Aunque no es ilegal, y la Guardia Nacional está compuesta por la extinta Policía Federal , elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, su carácter tendrá que ser cien por cien civil”, insiste Joan Ochoa.
El abogado aclara que su organización no se opone a los modos de vida de los operativos policiales con asistencia de las fuerzas armadas o de la Guardia Nacional, “pero tampoco en la parte administrativa. Ahí si hay que seguir siendo civil, para que en en su momento, en un ejercicio de rendición de cuentas, se puede tener acceso a los recursos”. En resumen, “luchamos para que la legislación no permitiera que el Ejército absorbiera la seguridad del país”.
El 12 de octubre, el Congreso de México también aprobó una reforma que extiende la participación de las fuerzas armadas en las responsabilidades de seguridad hasta 2028.
Joan Ochoa reconoce que “hoy ningún ciudadano de la República Mexicana considera que sus policías municipales y estatales tienen capacidad para combatir el crimen organizado. Es más que obvio”.
Pero si cree que «la Guardia Nacional y la SEDENA necesariamente están obligadas a actuar concertadamente con esos cuerpos policiales para enfrentar el crimen organizado, como ciudadanos nos sentimos más apoyados a través de los militares». El abogado insiste en que «este estamento (la Guardia Nacional ) sigue siendo civil como pidió a través del presidente (López Obrador) la formación de esta administración”.
Ochoa sostiene que “la militarización de la policía puede generar impunidad”.
Además de reafirmar al ejército como un establecimiento clave en las tareas de aplicación de la ley, López Obrador le dio a la Secretaría de la Defensa Nacional de México un papel clave en la construcción de obras públicas: desde hospitales, jardines de infancia, escuelas, hasta mega obras como el aeropuerto de Santa Lucía y un segmento de el discutible tren maya.
“En esta etapa el ejército y las fuerzas armadas se están consolidando, pero por autoritarismo”, respondió López Obrador el 25 de octubre.
“Se están consolidando por su mayor vinculación con la gente, con su origen, porque el ejército mexicano es componente del México profundo y ¿por qué están vinculados?Por los cinco proyectos del ejército, hay uno que apenas se ha llevado a cabo , que era dar un aporte al progreso del país y este es el proyecto que se pone en práctica como nunca”, dijo en su rueda de prensa matutina.
Joan Ochoa entrevistado a través de Orlando Torricelli.