El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido realizar una reforma integral del sistema judicial en México. Ayer presentó un paquete de nueve reformas que tiene cambios relevantes relacionados a los jueces y los magistrados. Así se puede mencionar que implica una modificación de la Constitución, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, la Ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Ley orgánica del Poder Judicial, así como de otras cuatro leyes centrales en la procuración e impartición de justicia.
La administración de López Obrador, también se apunta a la creación de un Código Penal único, ya que México cuenta con 32 códigos diferentes, uno por cada estado miembro, que le ha dado a las diferentes definiciones y de las penas para delitos como el feminicidio. Esta nueva orden, que sería apoyada por el Código de Procedimientos en materia Penal, la cual ha sido muy criticado por eliminar restricciones que con la reforma constitucional de la raíz.
El presidente mexicano propone una reorganización de la FGR, que delimite su papel ante las nuevas disposiciones sobre extinción de dominio y la Guardia Nacional, creada el año pasado, analiza El País. La Fiscalía podrá solicitar su propio presupuesto a la Secretaría de Hacienda, ya no según lo que estime el Ejecutivo. También se menciona los supuestos para intervenir llamadas telefónicas y para que las compañías de telecomunicaciones entreguen información sobre sus clientes.
El paquete de reformas en el sistema judicial no cayó bien en la oposición. De hecho, López Obrador ha mostrado otra vez su tensa relación con el Poder Judicial desde que asumió el poder en diciembre de 2018. El entorno más cercano al líder izquierdista quiere realizar una limpia de la corrupción tras la salida del exministro de la Suprema, Eduardo Medina Mora, quien, según El País, una treintena de depósitos sospechosos en sus cuentas bancarias cuando era embajador de México en el Reino Unido entre el 2009 al 2013.
El paquete legislativo ha sido presentado por el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; la secretaria de Gobernación (Interior), Olga Sánchez Cordero, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, también nombrado durante este Gobierno. «El modelo actual ha fracasado y nos ha llevado a un récord nada envidiable del 99% de impunidad», ha dicho Scherer, el brazo legal del presidente.
Como sea, el paquete de reformas deberá pasar por comisiones y la discusión en el pleno, la nueva legislación debe aprobarse en el Senado y después pasar por la Cámara de Diputados, ambos con mayoría de Morena, el partido de López Obrador. Se tiene previsto de que se allane el camino para su aprobación en el Parlamento y, después, al menos 17 de 32 Congresos estatales en el caso de las reformas constitucionales. @mundiario
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