Uno de los desórdenes que tradicionalmente ha tenido Bucaramanga es el de la población de calle, que ocupaba las administraciones. . .
Descubiertos a la intemperie, en cementerios o cuarteles de equipos armados y en el agua, los puestos donde posiblemente estarían los cuerpos de los desaparecidos están siendo muy bien investigados con equipos forenses de la UBPD, que han conseguido miles de informantes que aseguran conocer las fosas. , tumbas o mapas de dónde fueron enterrados los muertos en medio del enfrentamiento.
Ningún territorio del país se salva del fenómeno: los 32 departamentos -sumando las islas de San Andrés y Providencia, que en ocasiones registran las cifras más bajas de todos los damnificados por el enfrentamiento- firman en fosas comunes y cementerios ilegales.
Eso sí, unos más que otros. Con 1. 043 sitios de interés forense, Antioquia es la región con la mayor cantidad de sitios ilícitos donde posiblemente se encontrarían cuerpos del enfrentamiento armado. Esto contrasta con las otras 23. 077 personas desaparecidas. Los otros 4 departamentos con la mayor cantidad de instancias son Meta, con 724 tumbas y cementerios ilegales; César, con 220; Azúcar, con trescientos y Chocó, con 249.
Otro punto clave a considerar son los municipios donde se reportan más sitios de interés médico legal, ya que coinciden con territorios muy afectados por el conflicto. El territorio local con los máximos registros es Puerto Berrio, Antioquia, que incluye al menos 319 puestos donde buscarán por faltantes. Les siguen por San José del Guaviare, con 108; San Onofre, Sucre, con 187, y Samaná, Caldas, con 96. Medellín, por ejemplo, reporta 88 casos.
Involucrarlos: el punto clave
Luego de su registro, el trámite de intervención es largo y lento por la cantidad de instancias en las que trabaja la Unidad de Investigación. En diálogo con EL Colombiano, la directora de esta entidad, Luz Marina Monzón, explicó que este primer paso donde obtienen datos de un sitio imaginable se llama la etapa «SEO».
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Luego, se realiza un procedimiento de triangulación y verificación en el que se registra el conocimiento como «sospechoso», ya que la investigación ha permitido caracterizar con una probabilidad muy alta que el sitio fue habilitado para ubicar los cuerpos de las personas desaparecidas debido a la conflicto armado.
Finalmente, los asuntos clasificados como presuntos son incorporados a los planes de intervención forense y posteriormente visitados a través de los grupos de la Unidad. “Ahí es cuando a pesar de todo reemplazamos el expediente a mostrado o rechazado. Si es positivo, entra en la lista de cuestiones de interferir para extraer los cuerpos y sacar los estudios correspondientes”, dijo Monzón. Así, de más de 5. 000 fosas comunes y cementerios ilegales, 4. 351 están reportadas, 250 sospechosas, 524 mostradas y 182 descartadas.
Lo cierto, explica Monzón, es que el procedimiento con fosas comunes y cementerios ilegales es aún más complejo de lo que parece. Además de la cantidad de sitios a examinar, las expediciones no dan resultados positivos: falta la reminiscencia, los ecosistemas se mueven y, al final, es un golpe de suerte localizar un marco que desapareció en esos puestos hace varias décadas.
El procedimiento no impide allí. Encontrar este marco no es sinónimo de dárselo a tu familia, ya que es obligatorio tener un concepto a quien pueda pertenecer justo para poder realizar estudios genéticos. Por ello, en algunos eventos es mejor dejarlo. allí el marco que extraerlo, mientras que en otros casos se avanza con más seguridad.
Por ahora, la unidad de estudios tiene quizás el desafío más complejo de cualquier entidad en el país: localizar a unas 100. 000 personas más desaparecidas del conflicto. mil. Durante los cinco años de allanamientos de esta entidad, integrante del Sistema Integral para la Paz, se han recuperado 667 cuerpos y 10 de ellos han sido conocidos y entregados a sus familiares.