El gobierno guatemalteco llamó a consulta a su embajador en Colombia, Reagan Vega, en reciprocidad con lo hecho a través del ejecutivo del país de la Nueva Granada tras conocerse los honorarios del Ministerio Público guatemalteco opuestos al ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez.
Bajo el rótulo de «alboroto», la Cancillería del país centroamericano justifica el llamado de su embajadora, indicando que lamenta que el gobierno colombiano «transforme lo jurídico en político».
“Guatemala reitera el respeto a las instituciones democráticas, el estado de derecho y la separación de poderes, y llama a que el factor se resuelva por la vía diplomática y el diálogo”, dijo.
Iván Velásquez, el actual ministro de Defensa de Colombia, ha sido acusado a través del fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche de estar en los delitos de manipulación de acuerdos de cooperación en el caso de corrupción en el país centroamericano a través de la empresa Odebrecht.
Según el fiscal Curruchiche, el funcionario colombiano cometió esos delitos sus cuadros como comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), organismo creado a través de Naciones Unidas a pedido del gobierno guatemalteco en diciembre de 2006 con el objetivo de apoyar el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil ya sea en la investigación de delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad ilegítimas y aparatos clandestinos de seguridad, sólo en general en movimientos que tiendan a desmantelar dichos grupos.
El fiscal centroamericano asegura que en sus cuadros en la Cicig, Velásquez tenía «plena sabiduría de las oscuras o corruptas negociaciones que se llevaron a cabo con la empresa Odebrecht». Defensa, su trabajo en la Comisión de la ONU, fue informado y dio luz verde para que se celebren acuerdos de cooperación judicial con exdirectivos de la empresa de estructura. Odebrecht, como es habitual en instancias de este tipo donde los pintores obtienen a cambio ventajas de descuentos de sentencia para información.
Estos acuerdos, aprobados a través de Velásquez cuando era miembro de la Cicig, fueron a su vez aprobados por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, por lo que cuestionar su legalidad contradice una resolución del máximo tribunal del país centroamericano.
El fiscal más sensato de Guatemala ha enfrentado varios cargos por obstrucción imaginable de investigaciones sobre delitos de corrupción en la nación centroamericana.
Entre los movimientos que han puesto en tela de juicio los cuadros de Rafael Curruchiche como titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) se encuentran el derribo de instancias de corrupción que se han realizado contra altos funcionarios, así como el archivo de causas judiciales. en contra de fiscales, abogados y miembros de la Cicig que han impulsado instancias contrarias a los delitos extrajudiciales y la corrupción en Guatemala. según El País de España.
De igual forma, se acusa al fiscal de haber realizado un proceso fraudulento en contra del periodista José Rubén Zamora, acción que ha sido condenada en todo el mundo por falta de pruebas.
¿Venganza?
Los movimientos opuestos al colombiano Velásquez y otros miembros de la Cicig han sido señalados como venganza a través de ex acusados de corrupción en Guatemala.
Los críticos de los movimientos del fiscal Curruchiche señalan que entre las pruebas de sus falsas acusaciones está el hecho de que las órdenes de aprehensión contra Velásquez y otros integrantes de la Cicig fueron aprobadas a través de la jueza Carol Patricia Flores, quien en 2018 designó a través de la Comisión de la ONU como integrante del presidente Jimmy La trama de corrupción de Morales.
Además de los integrantes de la Cicig expulsados a través del gobierno de Morales en 2018, según una investigación de la agencia Ocote, existen nada menos que 24 juicios contra funcionarios que han investigado y atentado casos de corrupción, los cuales han sido iniciados a pedido. . la Fundación Contra el Terrorismo (FTC), una organización de derecha que defiende a los trabajadores del ejército implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales y persecución de líderes y defensores de derechos humanos.
El gobierno colombiano, encabezado por Gustavo Petro, ha sido un acérrimo defensor de su ministro de Defensa frente a las acusaciones de la fiscalía guatemalteca.
Esta férrea oposición a los movimientos de la fiscalía guatemalteca ha subido su punto hasta el punto de tensar las relaciones entre ambos países, como señaló el presidente Gustavo Petro cuando dijo que “si Guatemala se empeña en encarcelar a los inteligentes, no tenemos nada que hacer. con este país.
Las palabras encendieron las alarmas en el país centroamericano donde su presidente Alejandro Giammattei llamó a la «razón» ante la dura reacción de Petro, quien dijo que «la razón en política es combatir la corrupción».
“La historia de Guatemala y Colombia está llena de genocidios por entregar el Estado a las mafias”, agregó, y subrayó que “los demás cuerdos no llevan a las sociedades al matadero”.
La ONU se sumó a la defensa de Colombia, cuyo secretario general, António Guterres, dijo estar involucrado en informes que «destacan que se están procesando a delincuentes que se oponen a los que han buscado esclarecer la corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema judicial» en Guatemala.
Guterres recordó que de conformidad con el acuerdo establecido a través del Estado guatemalteco y la ONU para la conformación de la Cicig, todos los integrantes de esta comisión gozan de inmunidad “aún cuando ya no estén en sus cargos”, razón por la cual las órdenes de aprehensión del presidente del país centroamericano judicial violaría esta prerrogativa.