La resolución del Gobierno español, presidida por el socialista Pedro Sánchez, de aprobar el Plan del Tajo, que incluye la acumulación de caudales ecológicos en el curso alto con el consiguiente desahogo del trasvase Tajo-Segura, que desencadenó una nueva quiebra en la guerra del agua en Alicante, Almería y la Región de Murcia y que despertó exponencialmente el enfado de agricultores y regantes de esos territorios es, de hecho, la hoja de ruta de una resolución que los socialistas ya clarificaron hace unos cinco años: su apuesta por la desalación plantas frente a traslados.
El punto de inflexión lo marcó el propio Pedro Sánchez en un acto en Albacete en abril de 2018, donde defendió que “traslados habrá que prevenir y apostar por las desaladoras del Levante. Y esa es la propuesta del Partido Socialista”, dijo. en su momento. Sánchez, quien justificó su afirmación: “Necesitamos sacar una política del agua que una a este país”, lo que no ocurre hoy. Al contrario, ha desatado una nueva guerra del agua.
Tanto es así que la Diputación Provincial de Alicante, presidida por Carlos Mazón, ya ha anunciado, tal y como ha publicado OKDIARIO, que llevará ante el Tribunal Supremo el nuevo departamento del Tajo-Segura y que además lo hará con rapidez. Además, Vox Comunidad Valenciana tiene que remitir el mismo factor al Tribunal Supremo, sumándose a la iniciativa de su candidato en la Región de Murcia José María Antelo.
Respecto a la posición del Gobierno valenciano, presidido por el también socialista Ximo Puig, el PP sostiene que el silencio que mantuvo en el Consejo Nacional del Agua fue determinante a la hora de sacar el Gobierno de Sánchez el corte.
Ximo Puig y su gobierno lo niegan, argumentando que han acudido varias veces a los tribunales por la medida, pero lo cierto es que el propio Puig anunció en el parlamento que subvencionaría 10 céntimos por metro cúbico de agua desalada, lo que implica una aceptación de facto de la nueva situación propuesta a través de Sánchez: Más desalinización y mucho menos trasiego entre cuencas.
Pero esta medida es inadecuada para resolver el reto por dos motivos. Agricultores y regantes argumentan que el agua desalada es de menor calidad que el agua en movimiento. Y, además, es y será más cara porque incluso con las subvenciones del gobierno y la Generalitat , no logra el valor del agua movida. Y los campos de Alicante, Almería y la Región de Murcia ya tienen muy poca caja para hacer frente a más gastos.
La desalación les resulta inaceptable y todos y cada uno de los pasos dados por los socialistas para hacer efectiva la propuesta de Sánchez en 2018 «que apuesten por las desaladoras del Levante» no hacen más que agravar el problema.
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