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La autoridad aclaró que las amenazas obedecen a la lógica de grupos al margen de la ley y armados.
La Defensoría del Pueblo de Colombia decretó este jueves la amonestación anticipada 027 de 2022 para municipios del Magdalena Medio, por amenazas opuestas a líderes sociales, ambientales, de redes y defensores de derechos humanos.
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En ese sentido, la autoridad explicó que la medida declarada se debe a los constantes actos de intimidación a la población civil, señalando que esos son algunos de los peligros a los derechos humanos que sufren las personas.
“Son 31 recomendaciones al gobierno civil ya la fuerza pública para que, en una técnica de seguridad humana y de garantía de los derechos de las comunidades, realicen movimientos de prevención y disuasión”, dijo el mediador Carlos Camargo.
Según el equipo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, se ha establecido que existe una amenaza máxima para las comunidades y líderes de los municipios de Barrancabermeja, Simacota y Puerto Wilches en Santander y Yondó, Antioquia.
Agregaron que en esos espacios hay un procedimiento de ampliación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Cabe señalar que esta situación se ve agravada por la presencia de equipos de delincuentes organizados que trafican drogas y delincuentes como fuente de ingresos en áreas vulnerables.
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