“Estamos convencidos que esta ley es un acto de humanidad y busca proteger la salud y la vida de los reclusos y de los gendarmes que los custodian”, manifestó este jueves el Presidente Sebastián Piñera, durante la promulgación de la Ley Indulto Conmutativo General que permitirá descongestionar las cárceles del país y disminuir los contagios por Covid-19.
La máxima autoridad del país explicó que la normativa, que enfrentó varios escollos en el Congreso e incluso recursos ante el Tribunal Constitucional, explicó que esta normativa “no significa en ningún caso impunidad, puesto que esta ley no extingue la responsabilidad penal ni elimina la condena, lo que hace es modificarla, sustituyéndola por reclusión domiciliaria”.
Dentro de los grupos considerados de alto riesgo que serán beneficiados y que engloban unas 1.700 personas, se cuentan reclusos mayores de 75 años con patologías asociadas, mujeres entre 55 y 75 años y hombres entre 60 y 75 años, que hayan cumplido más de la mitad de la condena y le queden menos 36 meses de ésta.
También incluirá y con los mismos requisitos las condenadas embarazadas y madres de hijos menores de dos años, que hayan cumplido un tercio de su pena y les reste un periodo igual o superior a tres años, como asimismo, aquellos que estén con reclusión nocturna, al igual que aquellos que tienen el beneficio de salida.
Estos deberán permanecer en sus hogares y en caso de quebrantar la conmutación de la pena, deberán volver a los establecimientos penitenciarlos a cumplir sus sentencias, a las que se sumarán las sanciones por vulnerar el beneficio otorgado, por ello el Mandatario los instó a ser responsables con esta prerrogativa.
“Las personas indultadas, y esto quiero que quede muy claro, que violen la reclusión domiciliaria que reemplaza la pena de privación de libertad, deberán cumplir en la cárcel lo que les reste de la pena original y si comete otro delito pagará la condena por ese nuevo ilícito”.
El gobernante aclaró que la conmutación del cumplimiento de las condenas, excluye a quienes hayan cometido delitos extrema gravedad como aquellos contra la vida, la integridad física y síquica de las personas, la liberad personal, violencia intrafamiliar, secuestro para obtener un rescate, sustracción de menores, tortura, asociación ilícita.
También quedaron fuera violación, abuso sexual agravado, todos los delitos sexuales contra menores, parricidio, femicidio, homicidio, infanticidio, tráfico de inmigrantes, trata de personas, robo calificado, delitos terroristas, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, además y aquellos contra la ley de control de armas.
“El principal compromiso del Estado es siempre con las víctimas de la delincuencia, pero también debemos tratar con humanidad y proteger la salud y la vida de aquellas personas privadas de libertad. Y por estas razones (…) se les va a conmutar la pena privativa de libertad”, puntualizó.
No obstante ello y si bien dejó muy en claro que los crímenes de derechos humanos no están considerados en la normativa que enfrentó recursos ante el Tribunal Constitucional, Piñera subrayó que el Gobierno reactivará la discusión del proyecto de Ley de Conmutación Humanitaria de Penas que está en la sede legislativa desde 2018.
La iniciativa ha sido ampliamente cuestionada por la oposición y algunas voces del oficialismo, que consideran que es la forma de dejar en libertad a quienes actuaron como agentes del Estado durante el régimen militar, ya que permitiría a los condenados de Punta Peuco y otros sigan el curso de sus sentencias en sus hogares, siempre y cuando cumplan algunos requisitos.
Estos se refieren a reos que tengan enfermedades terminales, que tengan inhabilidades físicas o mentales totales, y aquellos mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de sus condenas.
“Este proyecto tampoco representa impunidad, porque sustituye la pena de privación de libertad por la pena de arresto domiciliario total y busca, una fundamentación sanitaria, fundarse en razones humanitarias, que son asegurarle a todas las personas el derecho a una muerte con dignidad”, afirmó Piñera.
Por último añadió que “creo que este derecho representa los mejores principios del humanismo y del cristianismo y estoy seguro que va a humanizar y va a proteger el derecho a una muerte digna”.
— La presidencia de la Prensa de Chile (@presidencia_cl el 16 de abril de 2020