Todavía se desconoce el alcance real de la reforma constitucional que el presidente ruso, Vladímir Putin, lanzó el pasado 15 de enero en su discurso anual ante las dos Cámaras parlamentarias, el mismo día que dimitió el Gobierno en pleno, pero todos los indicios apuntan a que los distintos grupos de presión de la élite pugnan por influir en el desarrollo del proceso de enmiendas.
Según fuentes de la Administración del Kremlin y de la Duma (Cámara Baja del Parlamento ruso), citadas por distintos medios de comunicación, se ha producido una pausa en el procedimiento de examen de las enmiendas a la Constitución rusa «debido a la lucha que se está generando en torno al proceso».
La Duma, que arrancó con muchas prisas el debate y aprobó el proyecto de reforma de Putin en primera lectura el pasado 23 de enero, inmediatamente después de su presentación, ha entrado en una fase de ralentización. La discusión para la aprobación de las enmiendas en segunda lectura no comenzó el 11 de febrero, como se había previsto en un principio, y hoy el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, anunció que «el 17 de febrero el Consejo de la Cámara estudiará la prolongación de los plazos para la presentación de enmiendas».
Minutos antes, Putin se reunía en su residencia de Novo Ogariovo, en las afueras de la capital, con los 75 miembros del «grupo de trabajo» o «comité constitucional» que está elaborando las propuestas y que contiene solamente una quincena de especialistas en Derecho junto a una mayoría de estrellas del deporte y del mundo artístico, además de algún que otro personaje de relieve, como el director del Museo del Hermitage de San Petersburgo, Mijaíl Piotrovski. Putin dijo durante el encuentro que «nadie nos mete prisa, por eso se puede pedir a los colegas que aplacen la segunda lectura».
Lo cierto es que todo se está llevando a cabo en el más absoluto secreto: nadie ha explicado qué nuevas prerrogativas tendrán los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, en qué medida aumentan o se reducen los poderes del presidente, qué atribuciones adquirirá el Consejo de Estado, actualmente meramente consultivo, qué hará Putin cuando expire en 2024 su actual y último mandato, según la Carta Magna vigente en la actualidad, ni quién será el llamado a sustituirle.
Lo único que parece plausible, ya que así lo prometió el jefe del Kremlin en su discurso del 15 de enero, es que el nuevo presidente podrá estar nada más que dos mandatos al frente del país. También se pretende fijar en la Ley Fundamental la actualización obligatoria cada año de las pensiones y el salario mínimo, artículos que la oposición ve como señuelos para lograr un mayor apoyo popular.
Un factor que está contribuyendo a crear confusión es la enorme cantidad de propuestas que se están presentando para incorporar a la reforma, desde incluir el concepto de Dios en la Ley Fundamental, propuesto por el patriarca ortodoxo, Kiril, pasando por sustituir el término «presidente» por el de «líder supremo» o incluyendo un apartado en recuerdo de la victoria sobre la Alemania nazi de 1945 y hasta del «regreso» de Crimea al seno de Rusia tras su anexión en 2014. Pável Krashenínnikov, jefe del comité legislativo de la Duma sostiene que ha recibido «138 enmiendas de diputados mientras el grupo de trabajo -creado por Putin- ha presentado ya 400 propuestas».
De todo ello, lo que sí parece más probable que se llegue a materializar es la idea de que los expresidentes del país se conviertan, tras dejar el poder, en senadores vitalicios dotados de inmunidad para impedir que pudieran acabar ante un tribunal. Tal epígrafe beneficiará en su momento a Putin y a su compañero de tándem, Dmitri Medvédev, presidente éste entre 2008 y 2012 y después jefe del Gobierno hasta su dimisión el mes pasado.
Pero todo se mantiene bajo un tupido velo. A las insistentes preguntas de los periodistas solicitando detalles y aclaraciones de cómo van la discusiones sobre la reforma, el senador del Consejo de la Federación (Cámara Alta), Andréi Klishas, jefe de la comisión de derecho constitucional y copresidente del grupo de trabajo, respondió esta semana que «todo este procedimiento es muy importante, por supuesto, pero para los juristas, no para la sociedad», palabras que han dejado atónitos a muchos ciudadanos y que siguen provocando críticas y comentarios jocosos en las redes sociales.
Esta opacidad es la que está alimentando la idea de que hay una guerra soterrada en las élites por arrimar el ascua a su sardina en todo este tinglado de cambios constitucionales. El politólogo ruso del University College of London, Vladímir Pastujov, asegura que «llevamos ya un mes con el asunto de las enmiendas en la Carta Magna y no hay nada claro».
Una vez que las enmiendas hayan pasado por el Parlamento, deberá someterse a votación popular en una fecha todavía sin determinar de abril, en principio, y en día entre semana convertido en festivo. Prácticamente toda la oposición extraparlamentaria piensa boicotear la consulta o pedir el «no».
El presidente Vladímir Putin aseguró a principios de mes que no tiene intención de continuar al mando del país más allá de 2024. «Las enmiendas que propuse están simplemente dictadas por la vida (…) en el ejercicio de mis funciones como presidente y jefe del Gobierno he llegado a la certeza de que algunas cosas no funcionan como debieran», manifestó el máximo dirigente ruso en un encuentro con miembros de la «sociedad civil».
«Por eso propuse esta reforma, no para prolongar mi estancia en el poder», añadió. Sin embargo, según un reciente sondeo, casi la mitad de los rusos piensan lo contrario. El 47% de los encuestados afirmaron que los cambios constitucionales promovidos por el Kremlin buscan precisamente eternizar a Putin al frente del país.
La agencia estadounidense Bloomberg asegura que el plan inicial de Putin para continuar mandando era haber creado un estado unitario con la vecina Bielorrusia, lo que hubiera obligado a aprobar una nueva Carta Magna. Pero, ante la negativa de aceptar tal escenario por parte del presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, hubo que optar por la actual reforma en curso.
El director de la radio Eco de Moscú, Alexéi Venedíktov, cree que, junto con las enmiendas a la Constitución, «habrá que modificar las leyes federales que se deriven de tales cambios» y, una de esas leyes, es la que regula las elecciones a presidente de Rusia.
Pero, según su cálculo, al tratarse de una nueva situación constitucional, tal norma «establecería que todo lo anterior queda derogado», incluido el contador de mandatos ya vencidos de Putin en la presidencia. Eso «haría que empezara todo desde cero (…) y Putin podría volverse a presentar a los próximos comicios», en 2024, y a los siguientes en 2030. Esta misma tesis, sobre el procedimiento que supuestamente empleará el actual presidente ruso para aferrarse al poder, es la que viene defendiendo desde hace tiempo el politólogo ruso, Andréi Piontkovski.