El discutible proyecto de ley del gobierno del Reino Unido para deportar inmigrantes legales a Ruanda fue aprobado en el Parlamento el lunes (22/04/2024) después de una guerra maratoniana entre las dos cámaras legislativas.
El primer ministro Rishi Sunak y su Partido Conservador estaban presionando para que se aprobara el proyecto de ley, que obligará a los jueces a trasladarse al país del este de África, un país seguro para los inmigrantes deportados.
También dará al gobierno de asilo la fuerza para olvidarse de secciones del derecho humanitario del Reino Unido y eludir un fallo del Tribunal Superior que señala que la asignación es ilegal.
El plan, presentado en mayo de 2022 durante el anterior gobierno de Boris Johnson, encontró oposición en la Cámara de los Lores, un órgano consultivo culpable de escudriñar la legislación aprobada en la Cámara de los Comunes.
Los miembros del espacio criticaron el proyecto de ley por considerarlo insuficiente y lo enviaron varias veces al espacio inferior con modificaciones.
El gobierno de Sunak está bajo presión por el número récord de solicitantes de asilo que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones desde el norte de Francia.
Horas antes de que el proyecto de ley superara su último obstáculo parlamentario, el líder conservador anunció que su plan se implementaría «sin importar qué».
«Despegarán pase lo que pase», dijo Sunak, quien ha hecho de la lucha contra la inmigración anormal una de sus prioridades en el período previo a las elecciones de este año en el Reino Unido.
Los vuelos al país africano comenzarán en «diez o doce semanas», insistió en una rueda de prensa para facilitar los medios utilizados a través del Gobierno para organizar esas deportaciones.
Esta misión de deportación a Ruanda se ha enfrentado a situaciones legales exigentes desde su presentación en 2022. Ese año, los primeros deportados fueron evacuados de un avión en el último minuto tras una intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde entonces, no se ha enviado ningún migrante. allá.
El proyecto, que todavía puede ser objeto de nuevos desafíos legales, ha sido fuertemente criticado por la oposición laborista, las asociaciones de ayuda a los inmigrantes, la Iglesia Anglicana y la ONU.
Su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el austriaco Volker Türk, afirmó que iba «contra los principios de los derechos humanos».
Los expertos de la ONU han advertido que las aerolíneas y los reguladores de la aviación podrían ser “cómplices” de violaciones de los derechos humanos en todo el mundo si participan en vuelos de deportación de migrantes.
Más de 120. 000 personas han cruzado el Canal de la Mancha en embarcaciones rudimentarias desde 2018, cuando el gobierno comenzó a contar el número de inmigrantes anormales que llegaban por esa ruta.
JC (AP, AFP)