El presidente del Gobierno, Pedro S?nchez, anunció en su primera entrevista tras asumir el cargo que se reunirá con el presidente de la Generalidad, Quim Torra, la primera semana de febrero. Dicha reunión -exigida por Torra- se producirá en Barcelona y será previa a los primeros contactos de la mesa de negociación Gobierno-Generalidad acordada con ERC.
Según Sánchez, el acuerdo que se logre de esas conversaciones será sometido «a una votación de la sociedad catalana», aunque apostilla que no se referirá a un posible referéndum de autodeterminación sino que se basará en «unir a los catalanes y no dividirlos».
Aclara también que esa comisión se reunirá ahora y no antes al estar la situación en Cataluña «más calmada» tras «las tensiones sociales que vivimos después de la sentencia del 14 de octubre».
«Lo que queremos es resolver esta crisis de cohesión que existe en Cataluña y vamos a pedir responsabilidad, generosidad y lealtad con el Estado a todas las fuerzas políticas», aseguró Sánchez.
La reunión con Torra será la primera de las que Sánchez tendrá con todos los presidentes autonómicos en sus respectivas sedes de Gobierno. «Me voy a reunir de nuevo con los presidentes y presidentas autonómicos y mi compromiso es celebrar anualmente una conferencia de presidentes para defender el Estado de las autonomías», aunque antes dejó claro que la visita a Barcelona ha sido exigida por Torra antes de la reunión de la mesa de negociación entre Gobierno y Generalidad.
Sobre el futuro de esas negociaciones, Sánchez declaró que le gustaría «que el independentismo catalán abandonara la vía unilateral».
En cualquier caso, el presidente del Gobierno ha querido dejar claro que su compromiso de «desjudicializar el conflicto» no conlleva en modo alguno impunidad.
«Si yo no hiciera cumplir la ley estaría prevaricando», ha remarcado Sánchez, que sí ha abogado porque los políticos dejen de «esconderse» detrás del Tribunal Supremo para no abordar desde el diálogo y el consenso un conflicto de naturaleza política.Por eso, ha lamentado que a pesar de que el desafío independentista en Cataluña es un problema «heredado» del anterior Gobierno del PP, su Ejecutivo no encuentre ni solidaridad ni «empatía» por parte del partido de Pablo Casado.»Habrá partidos que querrán que no haya diálogo o que no haya acuerdo, porque viven muy bien del conflicto», ha criticado.
Sí cree el presidente del Gobierno que el Código Penal, que incluye el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes independentistas, contiene tipos penales que no son homologables a los de otros países de la UE. En todo caso, cualquier posible modificación -ha dicho- corresponderá al Congreso y a los grupos parlamentarios.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha marcado este lunes como objetivo la aprobación de los nuevos presupuestos generales del Estado antes del verano. En la entrevista en RTVE ha recalcado además que su Ejecutivo pretende derogar los aspectos «más lesivos» de la reforma laboral.Más adelante ha abogado por acabar la legislatura recién comenzada con una cuantía del salario mínimo interprofesional en el 60 por ciento del sueldo medio en España, si bien deberán ser los agentes sociales los que marquen la pauta y los ritmos.El jefe del primer Ejecutivo de coalición (PSOE y Unidas Podemos) del actual periodo democrático ha destacado la importancia de que por fin haya sido investido y haya podido formar un Gobierno dotado de todas las facultades ejecutivas.Tras el primer consejo de ministros, se procedió a la revalorización de las pensiones en un 0,9 por ciento y este martes -nueva fecha de los consejos- se procederá al aumento salarial de los funcionarios y empleados públicos.
Pero es esencial, según sus palabras, que haya nuevos presupuestos públicos tras cinco años durante los que hasta en cuatro ocasiones se han prorrogado las cuentas. Las todavía en vigor, del exministro del PP Cristóbal Montoro, salieron adelante en 2018.Sánchez ha destacado que quiere tener los nuevos presupuestos aprobados antes del verano. Ello supone aprovechar el periodo de sesiones que en el Congreso y en el Senado arrancará el mes que viene.»Los necesitamos», ha enfatizado antes de pedir a la oposición que no bloquee el funcionamiento del Estado democrático.El presidente del Gobierno, en esta línea, ha abogado por la actualización del Pacto de Toledo dentro del consenso parlamentario. «Vamos a pedir el apoyo de todas las fuerzas» representadas en el Congreso, ha añadido.A su juicio, carece de sentido pensar que no existe acuerdo político acerca de la necesidad de poner fin a la precariedad laboral o de trazar para las comunidades autónomas una senda de estabilidad presupuestaria.Sánchez ha reiterado los cinco retos a los que se enfrentan España y su economía: crecimiento de calidad, transición ecológica, cohesión social y acabar con la pobreza infantil, vertebración territorial y lucha contra la despoblación, y la igualdad entre hombres y mujeres.Por estos cinco carriles circulará el próximo proyecto presupuestario, ha afirmado.Respecto del nuevo modelo laboral que pretende implantar, Sánchez ha concretado que derogará sus elementos «más lesivos» y que introducirá criterios de «mayor justicia social» sin menoscabo del consenso político y con los agentes sociales.Apostar por la justicia social equivaldrá a apostar por la justicia fiscal, de manera que, ha asegurado, «quienes más tienen serán los que más contribuyan», ha concluido.
Esta es la opinión de los internautas, no de El Imparcial
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