La convocatoria electoral en Cataluña sustituyó la hoja de ruta del gobierno español, que preveía, entre otros objetivos, la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2024. Con la prórroga de las cuentas se abre una situación de incertidumbre en cuanto a nuevas inversiones y proyectos que quieren ser reformulados o directamente ejecutados.
Uno de los problemas a resolver es el de los anticipos que el Gobierno traslada a las Comunidades Autónomas en función de las previsiones de recaudación. No se trata, pues, de dinero estatal, sino de la responsabilidad legal del Estado de trasladar esos recursos a las regiones porque son presupuestos que legalmente les corresponden. En la actualidad, y con el pretexto de que no hay Presupuestos Generales del Estado, esas cantidades no se han actualizado al alza -como augura el ciclo económico gracias a la acumulación de recaudaciones-, lo que en La práctica, en el caso de Andalucía, supone una pérdida de 150 millones mensuales desde principios de año, o 450 millones de euros.
«Esta ampliación de los presupuestos del Estado no sólo elimina los agravios de pasados presupuestos con Andalucía, sino que, al contrario, los consolida y los multiplica», explicó ayer la ministra de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.
El Gobierno tiene fuerza a este escenario como ya lo hizo en 2019 mediante la aprobación de un decreto-ley. En ese año, sin presupuesto y con el Ejecutivo en funciones, se aprobó el Real Decreto-Ley 13/2019, de 11 de octubre. , por el que se regula la actualización ordinaria de las facturas anticipadas para el año 2019 de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Entidades Locales, en un escenario de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas normas relativas a la regulación última de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado. , correspondiente al año 2017.
En dicho texto, publicado en el BOE y firmado a través del presidente Pedro Sánchez, se justifica que «si no se produce la actualización de la financiación de las administraciones territoriales contenida en este Real Decreto-Ley, el despliegue directo de los elementos de En el territorio esta financiación, concebida en sus términos originales para un escenario de ciclo presupuestario, conduciría a resultados monetarios no deseados, contrarios al sentido mismo y a la lógica monetaria de dicha ley y al interés público.
El efectivo no se perdería, pero la autonomía lo obtendría dos años después, una vez liquidados sólidamente esos anticipos. Una vez más, el Decreto-Ley de 2019 lo explicaba gráficamente: “Los anticipos que obtendrían las Comunidades Autónomas serían menores que las que resultan de tener en cuenta la evolución de la recaudación antes del traslado a las administraciones territoriales previsto para el año 2019. al previsto para 2018, lo que supone que esta diferencia tendrá que trasladarse a las Comunidades Autónomas dos años después , en 2021.
En un escenario político donde la mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas por el PP, la preocupación es que el Gobierno vaya a prolongar el escenario para galvanizar las tensiones en los territorios y el malestar social. En Andalucía, el concejal asegura que se han alejado mucho. avistado y que no habrá problemas.
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