La ley de amnistía con la que Pedro Sánchez compró su investidura ha llevado a España a un punto de máxima tensión en la opinión pública y, sobre todo, en las instituciones. El informe de los abogados del Senado es demoledor y ha abierto la puerta, casi recomendada, a una decisión sin precedentes Disputa institucional que se planteará en el Congreso por admitir la sanción de una ley manifiestamente inconstitucional.
Los efectos de una toma de posesión fundada en un acto de corrupción política sólo pueden ser corruptos. Tratar una ley inconstitucional en el Congreso, aun sabiendo que lo es, puede calificarse de prevaricación. No es otra cosa. La disputa con el Senado, a petición de los abogados, no es más que la reacción del Estado de derecho ante un ataque a su línea de flotación.
Mientras tanto, los separatistas, eufóricos y victoriosos, proponen descaradamente una «cuota catalana» a la manera de la cuota vasca. Plena soberanía fiscal, como la llaman. En otras palabras, trato de privilegio absoluto. Este es el próximo pago que tendrá que hacer Pedro Sánchez para seguir en el poder. Y lo hará. Y nos dirá que esto es fenomenal para España. Pero eso es todo, el próximo pago, no el último. El objetivo último de los separatistas es un referéndum de autodeterminación, como todos sabemos y como ellos mismos nos recuerdan. sobre una base.
Esta subyugación del Estado de derecho a los separatistas tendrá que terminar. Ha ido demasiado lejos. Sánchez no puede seguir por esta estela de locura en la que nos arrastra a todos los españoles. Es injusta, insoportable y sólo lleva al precipicio.
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