En estos tres meses del estallido social contra el gobierno de Sebastián Piñera, se han registrado más de 22.000 detenciones
Las violaciones de derechos humanos y el impulso a proyectos legislativos que profundizan un modelo en crisis llevan a evaluar negativamente a la administración del presidente Sebastián Piñera, señaló la comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH).
En una declaración pública emitida en Santiago de Chile, la CChDH reiteró las denuncias sobre violaciones de derechos humanos hechas por numerosas entidades nacionales e internacionales desde el inicio de las vastas protestas populares el 18 de octubre de 2019.
Asimismo el texto advierte que a pesar de la profundidad de la crisis actual “ninguna medida se ha traducido hasta ahora en propiciar los cambios estructurales al modelo económico social y político imperante”, que permitan que derechos como salud, seguridad social, trabajo decente, salarios y vivienda dignos, sean garantizados.
Al pasar balance de la situación del país al cumplirse tres meses del estallido social, la CChDH puntualizó que el Gobierno solo ha impulsado iniciativas legales que profundizan el modelo en crisis, como la reforma al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
Al respecto advierte que esta, a juicio de especialistas, sólo conducirá a la privatización del Sistema de Salud Pública, ya muy deteriorado.
Igualmente el gobierno promueve una reforma de pensiones que consolida la capitalización individual y el modelo de las empresas aseguradoras de fondos de pensiones, ampliamente rechazadas, y con lo cual impide avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social, señala la declaración.
En lugar de ello, a la vista de la legislación en materia de derechos humanos, de las cuentas que han sido priorizados en el plazo de un programa de seguridad para que «se toma muy en serio el derecho a la reunión y a la manifestación pacífica».
En consecuencia, el texto concluye que esas actuaciones “convierten al Presidente elegido democráticamente en ilegítimo, carente de autoridad, por incumplir su principal deber de mandatario, el cual es acatar y defender los legítimos intereses de su mandante, el pueblo chileno”.