El presidente del Gobierno y l?der del PSOE, Pedro Sánchez, está determinado a promover una revisión de los delitos de rebelión y de sedición con el fin de que «se ajusten mejor a la realidad actual», si bien aún no ha definido el alcance de esa reforma, que afrontará en cualquier caso con el deseo de concitar un amplio consenso en el Parlamento.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha confirmado la voluntad del presidente de promover en el Congreso de los Diputados un «debate abierto, previo contacto con los grupos parlamentarios» sobre la reforma del Código Penal que incluya la «tipificación de los delitos vistos respecto a los comportamientos producidos en Cataluña», en referencia a la rebelión y la sedición.
Como sobre esta cuestión concreta el Gobierno de coalición aún no tiene una posición común -no ha habido ocasión aún de debatirlo- fuentes del Ejecutivo explican que aún no está decidido si la propuesta de reforma del Código Penal partiría del Gobierno con la presentación de un proyecto de ley o del Grupo Socialista con una proposición de ley.
Esta segunda opción permitiría a Unidas Podemos presentar su propia propuesta, escenario que fue al que apuntó el presidente en su entrevista en TVE al señalar que éste sería un debate que tendría que abrirse en el Congreso. Si ésta fuera finalmente la vía para abrir el debate sobre la reforma del Código Penal, la propuesta socialista se ajustaría a su programa electoral, pero sería sensible a las posiciones del resto de grupos con los que aspiraría a llegar a un acuerdo.
Montero ha recordado que la reforma del Código Penal no se suscita exclusivamente por la conveniencia de actualizar los delitos de rebelión y de sedición por los que se ha juzgado a los líderes del ‘procés’, sino también por la necesidad de revisar los delitos sexuales con la idea de introducir el consentimiento expreso en las relaciones.
En definitiva, el fin que busca el Gobierno es que el Código Penal «recoja de forma inequívoca aquellas figuras penales en función de la realidad» actual y «aclare determinados comportamientos delictivos». «Vamos con un planteamiento abierto», ha abundado.
Pese a que se le ha preguntado de forma reiterada, no ha aclarado si los socialistas son partidarios de suavizar el delito de sedición. Fuentes del Gobierno no han descartado que finalmente se pudiera endurecer el delito de rebelión pero suavizar el de sedición.
Es posible una reducción de la condena
La reforma que se lleve a cabo se aplicaría a las personas que estuvieran condenadas por esos delitos. Es decir, que si se suaviza el delito de sedición, la condena del líder de ERC, Oriol Junqueras, y del resto de condenados por sedición debería ajustarse de modo inmediato a los nuevos tipos penales, por lo que se podrían beneficiar de una rebaja de sus condenas.
Ya en su etapa en la oposición, Sánchez propuso actualizar la tipificación del delito de rebelión a los tiempos actuales al considerar que tal y como estaba redactado se vinculaba casi en exclusiva a un golpe militar.
De manera más reciente, en la campaña electoral del 10 de noviembre, defendió en el debate electoral recuperar el delito de prohibición de convocatoria de referendos ilegales. Tanto en un caso como en el otro, las propuestas se lanzaron en un momento en que Sánchez, por motivos electorales, había optado por endurecer el tono con el independentismo.
Si el PSOE para reformar el Código Penal, con el apoyo del PSOE y de los partidos políticos de la independencia, de la revisión de la que difícilmente podría ser destinado a endurecer tipo de delitos.
Desde el Gobierno se adelanta que se tenderá la mano al PP para intentar sumarlo al acuerdo respecto de la reforma del Código Penal porque se trata de una revisión de tal calado que sería bueno que contara con el consenso de un partido de gobierno como el PP para garantizar el mantenimiento en el tiempo de esa reforma.
Encontro com Torra
La portavoz, que no ha sido capaz de terminar el día exacto de Sánchez, se reunirá con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pero en él se describe de esa forma el futuro, como una primera toma de contacto.
Montero ha reconocido que las posiciones que defienden ambas partes respecto de la solución para Cataluña están «en las antípodas», pero precisamente por eso ha reivindicado la necesidad de que se inicie un diálogo que permita alguna aproximación que vaya encaminada a una mejora del autogobierno catalán, que es la tesis que defiende el Gobierno.
La portavoz ha recordado, tal y como dijo el presidente en la entrevista en TVE, que Sánchez se reunirá con todos los presidentes de las Comunidades Autónomas. Se intentará respetar el orden habitual (de antigüedad de los respectivos Estatutos) pero en cualquier caso las entrevistas se irán encajando en función de las agendas.
El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha avisado de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prepara un «indulto oculto» los exconsellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa por querer rebajar las penas por sedición en el Código Penal.
Tras la Junta de Portavoces en el Senado, Maroto ha asegurado que la reunión entre Sánchez y el presidente del Govern, Quim Torra, tiene dos vertientes. Por parte de los independentistas, se reúnen para «hablar de la independencia de Cataluña, tal y como ellos mismos han dicho» y por parte del Gobierno, lo hace para «iniciar el trámite de la modificación del Código Penal para así rebajar los delitos de indulto».
La portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, ha dicho este martes que si se confirmara que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere modificar el delito de sedición en una hipotética reforma del Código Penal, estará buscando un indulto «por la puerta de atrás» para Oriol Junqueras y «sus socios».
La portavoz de Cs ha acusado al presidente del Gobierno de mentir, y ha recordado que pidió el voto con el anuncio de tipificar el delito de «referéndum ilegal» y que ahora, ya al frente del Ejecutivo, pretende modificar la ley para beneficiar a «sus socios independentistas que le han llevado a Moncloa».
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a un acuerdo por el que se aprueba la Declaración de Emergencia Climática en España. Se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días de Gobierno
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes por decreto ley la subida del 2 % del salario de los empleados públicos, que se aplicará con efectos del 1 de enero, y un acuerdo para «proceder a la comunicación y abono de las entregas a cuenta iniciales de comunidades autónomas y entidades locales para 2020», según ha señalado la ministra portavoz, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Ministerio de Hacienda prevé abonar este año a las comunidades autónomas 103.000 millones de euros en entregas a cuenta del sistema de financiación, así como otros 10.955 millones de euros correspondientes al cierre del ejercicio de 2018.
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