Pedro Sánchez lleva más de dos años violando la ley que exige que el Gobierno revele, cada seis meses, cómo distribuye las inversiones estatales entre el resto de comunidades autónomas. Ocultar esta cifra supone, en la práctica, ocultar cuánto cobran al Estado los pactos que Sánchez hizo con el independentismo catalán para mantenerse en el poder.
Una de las facetas realmente extensas de esos pactos es precisamente la inversión del gobierno central en Cataluña. Y, por inferencia, en todo caso, cuánto más está llegando a esa región en detrimento del resto de las comunidades. Desde octubre de 2022, Sánchez ha ocultado esas cifras sin que, hasta ahora, esa vulneración de la ley haya dado lugar a acción correctora alguna. Sánchez trajo opacidad después de que en la primera parte de 2022 -último informe oficial publicado sobre este tema- el Ministerio de Transportes desviara un 800% más de inversiones a Cataluña que a la Comunidad de Madrid.
La publicación de la inversión del Estado que aterriza en cada comunidad autónoma fue un precepto que, en aras de la transparencia, convirtió en obligatorio el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy. Hasta entonces era una práctica que quedaba al albur del gobierno de turno. Se vinieron publicando informes de inversión estatal por autonomías en 2009, pero el Ejecutivo de Rajoy decidió implantarlo de forma permanente como obligación legal. Modificó la Ley General Presupuestaria en 2014 para instaurarlo como precepto de obligado cumplimiento, pero Pedro Sánchez lo infringe sistemáticamente desde hace más de dos años.
El último informe regionalizado de inversiones estatales se publicó a finales de 2022. Tiene fecha del 11 de octubre del mismo año, fue elaborado a través de la Intervención General del Estado e incluye cuánto había invertido el gobierno de Sánchez en cada autonomía el primer semestre. a partir del de 2022. Desde entonces, ya no publica informes sobre el tema. Desglose total.
Esta opacidad del Gobierno, que reclamaba «transparencia», coincidió con el endurecimiento de las hipotecas de Sánchez con el independentismo catalán. Llegó a la fuerza en junio de 2018 con el movimiento de censura Rajoy. Para que Sánchez gane esta votación, los votos de ERC, Junts y los etarras de Bildu eran esenciales.
Tras las elecciones de 2019, fue investido de nuevo presidente del Gobierno en enero de 2020 gracias a ERC: los independentistas catalanes de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián se abstuvieron, y esas abstenciones le eran imprescindibles a Sánchez para poder ganar la votación de investidura. En la trastienda quedaban las cesiones negociadas con el PSOE hacia ERC, partido que formaba parte de la Generalitat –por entonces era vicepresidente catalán Pere Aragonés, quien en mayo de 2021 pasó a convertirse en president, cargo en el que se mantuvo hasta el 10 de agosto del año pasado, cuando tomó el timón del Gobierno catalán el socialista Salvador Illa con el beneplácito pactado con ERC–. Y en 2023 Pedro Sánchez volvió a ser investido presidente del Ejecutivo con los votos del independentismo. Se mantiene gracias a los pactos con ERC y los sellados en Suiza con el prófugo Puigdemont (Junts).
Con todo este contexto, se vuelve aún más grave el delito legal que Sánchez cometió de forma continuada durante más de dos años para ocultar inversiones estatales en Cataluña y el resto de autonomías, imprescindible para poder medir un componente básico del costo. de aquellos pactos cerrados a través del PSOE con el movimiento independentista catalán. Y un imprescindible también para que el nacionalismo catalán pueda comprobar si el remedio privilegiado que exigía a Sánchez tiene buena reputación. Ya sea por uno o por otro, para que el resto de la autonomía no se irrite o para que la moción independentista no le reproche, Sánchez prefiere saltarse la ley para ocultar las cifras.
La ley no sólo obliga al Gobierno a publicar semestralmente lo que los ministerios y sus entes invierten en cada autonomía. La misma ley establece que el informe debe ser entregado cada seis meses al Congreso, como parte fundamental de la información que el Gobierno debe rendir ante la oposición para el ejercicio de su labor constitucional de control al Ejecutivo. Pero nada de eso está ocurriendo.
Siguiendo con esta estrategia de opacidad, el gobierno dio una nueva vuelta de tuerca hace un año, en enero de 2024, al decidir mediante decreto que el Instituto Nacional de Estadística (INE) impediría publicar periódicamente el gasto público. Estado en la otra autonomía. Una forma de reforzar más el bloqueo de datos de Moncloa al tener que rendir cuentas.
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