El Consejo Comunitario Mayor del Río Anchicayá, ubicado en la Descomposición del Valle del Cauca en Colombia, está integrado por catorce comunidades afrodescendientes, herederas de aquellos hombres y mujeres que, hace quinientos años, resistieron la esclavitud y que a su vez fundaron las primeras colonias liberadas de la opresión colonial. Actualmente, esas comunidades se notan como un ejemplo de lucha y resistencia frente a las demás violencias que han enfrentado en las últimas décadas. Es un territorio donde el enfrentamiento entre guerrillas, organizaciones paramilitares y tropas estatales es componente de la vida de los habitantes, provocando asesinatos y el desplazamiento forzado de un componente significativo de su población.
Las comunidades del río Anchicayá viven una tragedia aún peor desde el 21 de julio de 2001, cuando la central hidroeléctrica Bajo Anchicayá, operada en ese momento a través de la empresa española Unión Fenosa Distribución, ahora parte del Grupo Naturgy, abrió sus compuertas. Irresponsable manera de liberar más de 500. 000 metros cúbicos de polvo pútrido, acumulado durante más de 40 años por no haber sido evacuados a tiempo. Esto provocó una avalancha de polvo maloliente que infectó el agua del río, provocó enfermedades en la red, exterminó fauna acuática, destruyó las culturas de las comunidades y el único sentido de navegación que tienen localmente, que es el río. Este hecho movilizó al consejo de red de la red negra de Río Anchicayá para registrar una acción de elegancia registrada en 2002.
Antes de que sea sencillo pescar, basta con poner una canasta y dejarlo unas horas para que salga lleno de peces. Hay tanta vida en este río que los peces se pueden pasar hasta por la mano: mojarra, sábalo, jojorro, chuchulapa, guacuco, virginio, también camarones munchillá, cangrejos azules y alachos, cangrejos, piacuil y pequeños moluscos que las mujeres buscan entre las raíces de los manglares. El río Anchicayá, que en el más allá fuente de vida y sustento para sus comunidades, es muriendo y muriendo lentamente con las comunidades que cuentan con ella para su supervivencia.
El 7 de septiembre de 2009, el Tribunal del Valle condenó a la empresa española Unión Fenosa Distribución, propietaria y administradora de la empresa Energía del Pacífico – EPSA, a pagar 169 mil millones de pesos (aproximadamente 38 millones de euros) por el daño social y ambiental ocurrido en 2001 y afectó al río y a su población en maravillosa vulnerabilidad. En 2015, la sala plena de la Corte Constitucional mostró este deber a través de la sentencia unificadora SU 686 de 2015. Sin embargo, esta sentencia de 169 mil millones de pesos como resarcimiento del daño ocurrido no fue pagada. a la comunidad: Unión Fenosa Distribución vendió la operación de la central hidroeléctrica Bajo Anchicayá a la empresa Celsia, perteneciente al grupo ARGOS, la cual, en lugar de pagar la devolución, impugnó la sentencia.
La venta de la central hidroeléctrica no disminuye la responsabilidad de la sociedad española ni exime a sus compradores de la devolución y reembolso que le corresponde.
Sumado a esto, se ignoraron las resoluciones 809 de 2001 y 556 de 2002 emitidas a través del Ministerio del Ambiente de Colombia, no se implementaron medidas compensatorias para la comunidad, y no se reparó el río Anchicayá. Entre las medidas sancionadas, la empresa tendrá presentar un plan de almacenamiento; una asignación de cría en cautiverio para especies locales; un programa de sustitución de alimentos; y al menos 3 programas de asistencia técnica agrícola, entre las principales medidas.
Esta muerte del río sigue siendo un reto para la comunidad, que advierte de una nueva tragedia si no se toman las medidas de obligado cumplimiento.
Envía un correo a la Corte Constitucional de Colombia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir verdad, justicia, reparación y promesas de no repetición – https://humanconet. org/es/peticion-anchicaya/
#AnchicayáResiste
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