La revista británica The Economist considera que «algunas de las medidas» del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hacen que «la confianza de los españoles en su democracia se resienta» y compara esas medidas con «los primeros días del retroceso polaco». Así se recoge en un artículo con el título ‘Las instituciones españolas se están quejando de la presión partidista’, en el que critica que «el principal de los favores ofrecidos» tras las elecciones de julio «fue una amnistía para los partidarios del referéndum de independencia ilegal celebrado en Cataluña en 2017».
«El Partido Socialista de Pedro Sánchez llegó segundo en las elecciones de julio, pero ha acumulado una organización heterogénea de partidos», señala el semanario británico, según informa Servimedia. Y añade que «en un país bien gobernado» es no es «una cuestión partidista» de quién dirige «la empresa de estadística o los tribunales».
Sin embargo, denunció que en España «los fines básicos del Gobierno y, en particular, la confianza en el poder judicial» están «envenenados» por la política. Además, sostiene que «la izquierda, la derecha y los movimientos separatistas» juegan un papel y en las cuestiones señaló que la «polarización» ha llevado a los partidos a «buscar los beneficios que pueden».
El semanario considera también que la figura de Félix Bolaños, al que califica como «una especie de intermediario de Sánchez», ha sido nombrado «ministro de Justicia, además de ministro de Presidencia -la mano derecha de Sánchez- y ministro de Relaciones con las Cortes», es un «símbolo» de «erosión y separación de poderes».
El texto se centra en la ley de amnistía y asegura que será impugnada «ante el Tribunal Constitucional cuando sea aprobada». Sin embargo, lamentó que Sánchez «inclinó este tribunal» hacia una «mayoría comprensiva» al nombrar «dos jueces de izquierdas». » y un presidente del «anterior gobierno socialista».
Dijo que la mayoría de los expertos esperan que el TC «apruebe la amnistía, aunque algunas partes puedan simplemente anularse». Para los críticos, «se trata de un acuerdo entre los socialistas y Junts» con el objetivo de «crear comisiones parlamentarias para investigar el ‘lawfare'», es decir, «el uso de procedimientos criminales con fines políticos».
El texto afirma que «para muchos, la ley resulta socavar la separación de poderes», ya que «los legisladores rechazan procesamientos que no les gustan». En este sentido, el artículo hace referencia a las declaraciones realizadas a través de Sánchez a corresponsales extranjeros el 5 de diciembre , en el que el presidente del Ejecutivo «rechazó esta idea» y «afirmó que el mayor ejemplo» de «guerra jurídica» es el «secuestro» del Consejo General del Poder Judicial.
Sobre este asunto, ‘The Economist’ reprocha que «desde que Sánchez asumió el poder en 2018» el PP «pidió de manera oportunista cambios en la forma de nombrar a los jueces y se negó a renovar el mandato del Consejo, que expiró hace cinco años». Ahora, reconoce que Sánchez «ha pagado a sus oponentes con la misma moneda», dado que «ha colocado a fieles socialistas en puestos no políticos en el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Instituto Nacional de Estadística y la agencia de noticias EFE».
Por otro lado, el artículo se hace eco de las perspectivas del columnista de El País Víctor Lapuente, quien dice que Sánchez «debería abstenerse de cualquier acción que, siendo legal, enfurezca a su electorado y socave la confianza en el sistema».
Al mismo tiempo, señala que «sus bandos enfrentados han desvirtuado sus argumentos con un lenguaje incendiario» y desmiente las declaraciones del líder de Vox, «un partido muy derechista del PP», en las que declaró que «recientemente los demás tendrán que colgar a Sánchez con los pies».
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