El presidente de Andrés Manuel López Obrador, presentó este martes un plan para abordar, en el México de la crisis global de la salud y de la economía, debido a la pandemia de COVID-19, y a la caída de los precios del petróleo.
En su plan no se contempla suspender ningún programa social ni las “obras insignia” de su administración como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional y la rehabilitación de las seis refinerías existentes.
En lugar de ello, el real decreto prevé que la corte de 10 de los subsecretarios, de la reducción de los sueldos de los altos funcionarios y la reducción de los costos.
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Estas son las 10 acciones que planteó:
1. No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal.
Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25%, de manera progresiva, es decir, el que obtenga más ingresos aportará más; será menos el descuento para los niveles inferiores.
Además, los altos funcionarios públicos (aplica de subdirector hasta presidente de la República) no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año.
2. No se ejercerá el 75% de presupuesto disponible de partidas de servicios materiales y suministros, esto también incluye a los supuestamente comprometidos.
Se cancelan 10 subsecretarías (aunque no informó cuáles). Dijo que se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos.
3. Se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia hasta el 1 de agosto.
4. Deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepción de las que atiendan de manera directa al público y a aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente.
“En este periodo se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario, con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas, entre otros ahorros”, dijo el mandatario.
El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una serie de medidas para restringir la llegada de mujeres embarazadas con visa de turista al país, en un esfuerzo por controlar el llamado “turismo de maternidad”.
Dado que en EE.UU. la ciudadanía se obtiene por naturalización o nacimiento, muchas mujeres deciden viajar a ese país durante su embarazo para dar a luz allí, según afirman las autoridades.
El Departamento de Estado reveló que las regulaciones, que entrarán en vigor este viernes, llevarán a que los consulados rechacen las solicitudes de visa de individuos cuyo “propósito principal” es dar a luz en ese país para que el bebé obtenga la ciudadanía estadounidense.
“La norma aborda las preocupaciones sobre los riesgos que conlleva esta actividad para la seguridad nacional y para la aplicación de la ley, incluida la actividad criminal asociada con la industria del turismo de maternidad, como se refleja en los enjuiciamientos federales de personas y entidades involucradas en esa industria”, indicó el comunicado.
El texto no deja claro en qué forma los oficiales consulares o de inmigración determinarán si las personas que buscan viajar a Estados Unidos están embarazadas o tienen el propósito de dar a luz allí.
Hace días una aerolínea asiática tuvo que disculparse luego de exigir a una mujer que tomara una prueba de embarazo para permitirle embarcar a Saipan, en las Islas Marianas, uno de los territorios estadounidenses de ultramar que se ha convertido en un destino de turismo de maternidad.
No hay cifras oficiales sobre el número de personas que viajan a EE.UU. a dar a luz, aunque el Departamento de Estado citó informes de embajadas y consulados que, según consideró, prueban que es una “tendencia en aumento”.
El Centro de Estudios de Inmigración, un grupo conservador que aboga por leyes de inmigración más estrictas, estimó el año pasado que más de 33.000 mujeres entraron al país de forma temporal para dar a luz entre la segunda mitad de 2016 y la primera mitad de 2017.
Desde sus inicios, el gobierno de Trump ha tratado de limitar la inmigración a Estados Unidos y el propio mandatario ha sido particularmente crítico con la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza la ciudadanía a “todas las personas nacidas o naturalizadas” en ese país.
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