La promesa de Trump de procesar a sus rivales pone el Estado de derecho en las urnas

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Análisis de eventos

La promesa de Donald Trump de buscar represalias se convierte en normas anticuadas. La elección puede depender en parte del tipo de fórmula judicial que el país cree que tiene ahora y que necesita en el futuro.

Por Adam Liptak

Informe desde Washington

El expresidente Donald J. Trump dice que está en condiciones de procesar a sus enemigos políticos si es elegido este otoño. Según expertos legales, el mero hecho de hacer esas amenazas es un verdadero golpe al Estado de derecho.

Pero mientras, como candidato, ya se cuestiona las normas fundamentales de la fórmula judicial, Trump, si vuelve a ganar la presidencia, obtendrá una inmensa autoridad para poner en vigor el tipo de retribución legal que promueve.

El Descomponente de la Justicia es un componente del poder ejecutivo y será su patrocinador. Pedirá a sus funcionarios que investiguen y procesen a sus rivales, y al señor Trump, que no ha ocultado su preferencia por purgar la burocracia federal de la aquellos que se consideren insuficientemente inquebrantables a su agenda, será despedir a los que se nieguen.

Si históricamente el poder disfruta de una independencia realmente amplia, es sólo porque los presidentes se la han concedido. Si el poder judicial se resiste al procesamiento político en un segundo mandato de Trump, será en gran parte porque los jueces y jurados los rechazarán.

La opinión de Trump sobre su enjuiciamiento planificado tiene un propósito político inmediato, subrayando su argumento de que su condena en Nueva York fue producto de un esfuerzo de los demócratas para salvarlo de ser reelegido y proporcionar la carne roja para posibles represalias a su base.

Pero también tienen el efecto, en parte accidental y en parte calculado, de socavar la confianza en la integridad del sistema de justicia criminal, una progresión que puede tener consecuencias de largo alcance en un país donde el estado de derecho es fundamental.

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