En un contexto de crisis económica y de valores, y en parte como resultado, las corporaciones gigantes continúan aumentando sus ganancias anuales. Para lograrlo, esas corporaciones gigantes despliegan otras armas: batallas legales contra las medidas gubernamentales, tensiones dentro de la Unión Europea. Inversiones sindicales o gigantes publicitarias, entre otras. Los estudios publicados presentan una amplia diversidad de ejemplos de esas prácticas y analizan cómo constituyen un conjunto sistemático diseñado para incidir en las políticas públicas en defensa de su beneficio personal.
Uno de los máximos descubrimientos es el de una nueva forma de puertas giratorias:
«Dentro de los departamentos jurídicos de Iberdrola, Endesa y Naturgy destaca una figura: la del abogado del Estado. Están situados en la categoría A1 del cuerpo de servidores públicos del Estado español. Estos funcionarios tienen que superar uno de los exámenes más duros exámenes para su puesto y son muy conscientes de las debilidades y fortalezas de la administración. Ganan al menos 60. 000 € al año en 14 cuotas, algunos incluso llegan a 100. 000 € al año. pedir permiso, permanecer en sus empleos públicos y trabajar en empresas personales. «
Los rayos X del lobby del poder revelan muchos puntos importantes sobre ésta y muchas otras armas que se utilizan para influir en las decisiones gubernamentales.
La encuesta es parte de la cruzada europea People Over Polluters y fue desarrollada a través del periodista Raúl Novoa González, en colaboración con la Alianza Contra la Pobreza Energética (EPA), la Asociación Internacional de Ingeniería Sin Fronteras (ISF) y Fossil Free Politics. Esta cruzada promueve la concientización. del papel de las grandes empresas en la violación de los derechos humanos y la crisis climática. En este contexto, también se han llevado a cabo estudios paralelos en países como el Reino Unido, Italia y la República Checa, que se publicarán conjuntamente la próxima semana.
En el informe publicado hoy se realiza una radiografía del lobby energético del Estado español. La atención se centra en el arsenal utilizado a través de Endesa, Naturgy e Iberdrola para anteponer sus intereses económicos a los derechos de los ciudadanos y, en particular, de los vulnerables. Todo esto ocurre en vísperas de un momento crítico: el 31 de diciembre de 2023, si no se prorroga la medida, terminará la moratoria sobre los cortes de agua, energía eléctrica y combustible. Según organizaciones sociales, esta prohibición de transitoriedad, aprobado como componente del Escudo Social frente a la crisis del coronavirus, merecen convertirse en una medida permanente. La encuesta muestra cómo les resultó a los establecimientos y corporaciones públicas conocer el volumen de deuda acumulada a raíz de esta medida.
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