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El gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera, y de los partidos políticos de la oposición, con la excepción del Partido Comunista de la unión soviética, llegaron ayer por la mañana a un acuerdo histórico para el inicio de un proceso constituyente en la que se liquidaria de la Constitución política del ex dictador Augusto Pinochet en chile, aprobada en un referéndum que se le preguntó, en el año 1980, que entró en vigor en 1990.
El movimiento responde a un mes de las protestas en contra de la desigualdad social, en la que, hasta ahora, ya se cobró 22 vidas, y que se inició con un aumento de 0,04 euros en el precio del billete de metro. En la práctica, de la Constitución política de Chile, que protege a la preeminencia del sector privado en la sanidad, las pensiones y la educación, los objetivos de los manifestantes.
El proceso se iniciará en abril próximo, con un referéndum en el que los chilenos que responder a dos preguntas: «¿quiere una nueva Constitución?», y con independencia de la respuesta a la primera pregunta: «¿Qué tipo de órgano, con las que el nuevo órgano que ha de elaborar el nuevo organismo de la Constitución? En esta segunda edición, se han propuesto dos opciones, lo que representa un punto intermedio entre el Congreso Constituyente, que quería que el oficialismo y la Asamblea Constituyente en la que la oposición de la demanda.
Las opciones son una Convención Constitucional, que sería el cien por cien de los ciudadanos elegidos para este fin, o a una Convención Constitucional en el Conjunto, compuesto en partes iguales por los ciudadanos y el parlamento. La elección de los miembros de una en una o en otra instancia, se realizó en octubre del año 2020, y que en los actuales cargos públicos, los que son elegidos, que deben renunciar a sus cargos, no se puede someter a cualquier tipo de elección, en el plazo de un año siguiente a la finalización del trabajo del estado. El cuerpo de la asamblea constituyente se disolvió una vez que la tarea se ha completado. En Tanto, las reglas de funcionamiento de los textos y de lo que se escribe, tienen que ser apoyados por las dos terceras partes de los votantes.
El plazo es a la luz de la nueva constitución, que es de nueve meses, más objetiva. El proyecto de la carta magna será sometida a referéndum en un plazo máximo de 60 días, por lo que se estima que en la nueva Constitución, entrará en vigor hasta el 2021.
Tras el anuncio del acuerdo de la asamblea constituyente, el Gobierno de Piñera, ha considerado que ha llegado el momento de salir a las calles y a iniciar un diálogo». El portavoz del ministro de defensa, Karla Rubilar dijo que «Los ciudadanos nos han despertado, y es la ciudadanía la que decida.»
Por lo tanto, si bien teniendo en cuenta que el Ejecutivo chileno es «muy respetuoso con la gente que quiere hablar de paz», ha defendido la necesidad de «mirar hacia arriba» y a trabajar para hacer realidad los sueños y las aspiraciones de la agenda social de la urgencia».