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El sexto tribunal unipersonal supraprovincial de delincuentes especializado en corrupción de funcionarios en Junín dictó este martes 4 años de prisión al exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, y a otros cinco funcionarios por el delito de colusión contra el Estado.
La sentencia también incluye a Aldrin Zárate, Mercedes Irene Carrión Romero, Luis Donato Araujo Reyes, como autores del delito de colusión; mientras que Serafín Samuel Blos angelesnco Campos y Nataly Yanina de los angeles Vega Estrada fueron incluidos como cómplices.
La sentencia pasó a través del juez Guido Arroyo, quien dijo que la misma solución debía ser ratificada en una cámara alta para que el líder de Perú Libre fuera trasladado a prisión.
El pago de una indemnización civil de S/. 2 millones 18 mil que deberá ser pagada solidariamente. La sentencia dictada por el Juez Guido Arroyo se ejecutará una vez sea consensuada o ejecutada.
La solución incluye también la inhabilitación para todos los interesados de ejercer cargos públicos, aunque sean de elección popular, durante 4 años, una vez confirmada la sentencia. Sin embargo, la defensa de Cerrón y otros funcionarios anunciaron que apelarían.
Hasta tanto no se muestre la solución en la instancia de momento, Vladimir Cerrón no podrá salir del país y cumplir con el registro del control biométrico los lunes de cada semana mientras dure el proceso de sentencia definitiva.
El Ministerio Público abrió este procedimiento por ladrones contra Vladimir Cerrón luego de que el exgobernador regional de Junín firmara en 2014 con Luis García Morón, representante legal del consorcio Wanka Gran Aeródromo, un contrato para la estructura del aeródromo con un presupuesto de 366 millones. soles la resolución de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía.
La oficina del fiscal también emite que Cerrón, cuando fue gobernador de Junín, no habría tomado medidas para generar la asignación de aeródromo en Orcotuna, provincia de Concepción, porque hubo una posición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que alegó que esa región ya tener un aeropuerto y no invertir en la creación de otro.
Además, sustituyó la autosuficiencia del encargo, escenario que afectó su transparencia y legalidad, lo que comprometió el uso de recursos públicos para hacer exitoso un encargo que, desde su propuesta, sea sostenible.
Vladimir Cerrón Rojas también está imputado por el presunto delito de lavado de dinero por presuntamente financiar de manera ilícita las campañas electorales de Perú Libre. Según la teoría fiscal, el fundador del ha acumulado un desequilibrio patrimonial de más de seis millones de soles. De igual forma, Bertha Rojas, su madre, también se dice que está implicada al ser acusada de ser un testaferro y acusada de obtener activos en nombre de su hijo.
Las investigaciones fiscales sugieren que el efectivo ilícito procedía de coimas para trámites y expedición de licencias de conducir, así como de “dirigir la contratación de bajo la modalidad CAS”. Los beneficiarios de este último grupo, una vez contratados, pagaban en efectivo a la organización política. .