esto es noticia
Entre todos
El estallido de ChatGPT genera fricciones en muchos países. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y «padre» del señalado chatbot, pasó días inmerso en una excursión por otros países para intentar calmar las aguas y, sobre todo, marcar la pauta. por una regulación a largo plazo de la inteligencia sintética (IA). El pasado lunes hizo escala en España para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño.
“Conocí a Sam Altman, cofundador de OpenAI, con quien compartí que la inteligencia sintética es una gran oportunidad para modernizar nuestras sociedades. Pero es que su progresión respeta los derechos y valores democráticos”, compartió en Twitter el presidente y líder de el PSOE.
Aunque en este momento no se han publicado puntos principales adicionales sobre los problemas discutidos en esta reunión, el proyecto de Altman resulta claro. La Unión Europea (UE) está finalizando una ley que permitirá el uso de IA e impondrá límites a los modelos de lenguaje como ChatGPT. Presuntamente, esta ley será aprobada por el Parlamento Europeo en junio y luego negociada con los estados. a OpenAI.
A mediados de abril, la Agencia de Protección de Datos de España (AEPD) abrió una investigación sobre si OpenAI, una empresa propiedad en parte de Microsoft, está violando la legislación europea sobre privacidad con el infame ChatGPT. El regulador también alentó la creación de una organización en ejecución en el punto europeo. para fomentar la cooperación entre los países.
La semana pasada, Altman dio la impresión ante el Congreso de los EE. UU. de pedir una regulación para ayudar a «mitigar los riesgos» de los equipos de inteligencia artificial que su empresa está implementando a un ritmo vertiginoso. Como lo han hecho los ejecutivos de otras empresas como Facebook y los desafortunados FTX y Theranos. en el pasado, Altman está pidiendo una regulación para poder influir en este procedimiento regulatorio para servir a sus intereses publicitarios.
También la semana pasada, hasta 60 organizaciones de la sociedad civil que protegen los derechos virtuales publicaron una carta abierta al gobierno denunciando las «deficiencias» de este proyecto de ley. Estas mismas ONG criticaron su falta de consideración y pidieron reuniones de «alto nivel» con representantes de Ministerios españoles para corregir esos errores.