El Gobierno de Nicolás Maduro comenzó esta semana a supervisar supermercados y a ajustar los precios de venta al público de varios alimentos, como parte de un “plan nacional de fiscalización contra la especulación” que se implementa en Venezuela en medio de una creciente inflación y devaluación monetaria.
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) informó, a través de su cuenta en Twitter, de varias fiscalizaciones en establecimientos comerciales en Caracas y en otros estados como Carabobo (norte), Lara (oeste) y Monagas (este).
Estas visitas gubernamentales a los supermercados consisten, entre otras cosas, en la revisión de los precios de venta al público, los inventarios y la disposición de los productos en los anaqueles.
La ministra de Comercio, Eneyda Laya, dijo al canal estatal VTV que estas revisiones se realizaron en conjunto con funcionarios policiales y militares, mientras el país espera que el Ejecutivo publique la lista de precios de 27 productos de consumo básico, cuyas tarifas serán de cumplimiento obligatorio desde este lunes.
“No estamos acaparando ni confiscando absolutamente nada, estamos trabajando para garantizar que los precios sean reales”, dijo la también superintendente de la Sundde.
A su juicio, en la última semana “se desató un ataque especulativo contra el pueblo”, en alusión al incremento de los precios de alimentos, que se produjo a la par de una devaluación del 25 % de la moneda local.
El Gobierno ha informado de reuniones con productores y distribuidores de carnes, maíz, arroz y otros sectores “para lograr una política de concertación de precios reales, sin menoscabo de sus ganancias”.
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) informó esta semana que se desarrolla en Costa Rica un banco de alimentos que se espera poder replicar en el resto de los países de Centroamérica para garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades.
La empresa privada de Honduras solicitó este lunes abrir los restaurantes para entregas a domicilio y por ventanilla para evitar la pérdida de 100.000 empleos ante la crisis causada por el coronavirus, mientras que el sector transporte pide también que se le permita trabajar.
Las cadenas de suministros del sector agroalimentario mexicano no pueden parar, señalaron este lunes funcionarios, dirigentes, especialistas y políticos al revisar el estatus del sector durante la pandemia de la COVID-19 en el país.