El polémico informe de la Guardia Civil que este lunes le costó el puesto al jefe de la comandancia de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, ha proporcionado a los partidos de la oposición la oportunidad más clara que hasta ahora han tenido de arremeter contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia del coronavirus. Dado que el informe ya obra en poder de la juez Carmen Rodríguez Medel, que investiga si la Delegación del Gobierno obró con negligencia –o, incluso, prevaricó– al autorizar las manifestaciones del Día de la Mujer, el pasado 8 de marzo, el examen de conducta a las autoridades gubernamentales ha adquirido plena dimensión judicial, y las tres formaciones de la derecha no quieren desaprovechar la ocasión de abrir definitivamente un nuevo frente contra el Ejecutivo. Pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aduce que no fue hasta la tarde-noche de ese 8 de marzo cuando la Comunidad de Madrid informó a su departamento de que el covid-19 empezaba a propagarse. Y lo mismo hizo el País Vasco.El informe encargado por la juez al instituto armado, en su calidad de Policía Judicial, concluye que no debió permitirse la celebración de ninguna manifestación o concentración masiva en Madrid desde el 5 de marzo, y que la Delegación del Gobierno, al frente de la cual se encuentra el socialista José Manuel Franco, imputado el lunes por Rodríguez Medel, ya tenía en los días previos al 8M un «profundo conocimiento» de los riesgos de que el covid-19 se extendiese. Los agentes se muestran sorprendidos de que la marcha feminista fuese autorizada y que, en cambio, tanto Illa como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se pusiesen en contacto con los organizadores de un congreso evangélico, previsto para los días 19, 20 y 21 de marzo, a fin de urgirles su desconvocatoria; para justificar lo cual les remitieron un documento del 7 de marzo, firmado por la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, en el que, según la Guardia Civil, «consta expresamente la recomendación de aplazamiento de eventos multitudinarios». En las pesquisas no se menciona que algunos miembros de la comunidad evangélica ya se habían contagiado del covid-19.El peso que adquiere en el informe la manifestación del Día de la Mujer radica en que el sumario que instruye Rodríguez Medel en el juzgado número 51 de Madrid se abrió tras la admisión a trámite por la magistrada de una denuncia presentada por un particular, Víctor Valladares, contra el delegado del Gobierno por haber autorizado las marchas del 8M. El día antes se había celebrado un partido del Atlético en el Wanda Metropolitano, con asistencia de más de 60.000 espectadores, y el mismo sábado Vox congregó a 9.000 personas en un congreso político en Vistalegre.Simón arguye que, en esas fechas, la recomendación de Sanidad era evitar grandes aglomeraciones en espacios cerrados y de personas procedentes de países considerados de alto riesgo, y que ambas circunstancias concurrían en el congreso evangélico, pero no en el acto de reivindicación feminista ni en el partido del Atlético de Madrid. Simón opina, como la mayoría de los expertos, que las marchas del 8M tuvieron un efecto «marginal» en la transmisión del virus, puesto que, como ya había reconocido Illa el 26 de marzo, «el contagio importante en algunas partes del territorio español, en concreto en la Comunidad de Madrid», se produjo hacia la última semana de febrero.»Lo que detectamos la tarde-noche del 8 de marzo se produjo ocho o diez días antes», explicó Illa ese 26 de marzo, en referencia al periodo de tiempo que transcurre desde que una persona se contagia hasta que surgen los síntomas y las autoridades sanitarias la contabilizan como infectada. En el lapso de tiempo al que alude Illa, en Madrid se celebró la feria ARCO, a la que asistieron más de 90.000 visitantes, y se disputó el «clásico» Madrid-Barça (1 de marzo).El informe de la Guardia Civil también yerra en algunas fechas clave; así, considera que la Delegación del Gobierno de Madrid disponía de suficientes alertas de organismos internacionales como para prohibir los actos del 8M; pero se equivoca al afirmar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia el 31 de enero, cuando lo que hizo ese día fue declarar la emergencia sanitaria internacional. El coronavirus no fue pandemia hasta el 11 de marzo, tres días antes de la declaración del estado de alarma por el Gobierno de Sánchez.Otra fecha importante es la del 18 de febrero. Ese día, en Solna (Suecia), los integrantes del consejo técnico asesor del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) se reunieron para analizar la situación. Entre ellos estaba el español Fernando Simón. La lectura de las actas de la reunión, difundidas por el diario «El País» la semana pasada, permite concluir que los máximos expertos europeos en enfermedades infecciosas subestimaron el peligro del covid-19. Aunque faltaban muy pocos días para que Italia descubriera con pavor que el virus se extendía a placer por el norte del país, el ECDC estimó «bajo» el riesgo de propagación «para las próximas dos o cuatro semanas».Entonces, los países del ECDC (los de la UE, más Islandia, Liechtenstein y Noruega) sólo tenían noticia de menos de 50 casos de coronavirus en Europa. Simón niega que el organismo europeo subestimara en aquella ocasión el peligro del covid-19. «No se subestimó el riesgo, se valoró la situación», precisó la semana pasada. Y añadió que entonces «en España éramos los únicos que habíamos identificado casos importados que no procedían de China: un caso importado de Francia, el de un británico que reside en Baleares y un alemán que había viajado a Canarias».»Hubo muchas discusiones y se tomaron algunas decisiones conjuntas; otras se dejaron a la libre decisión de los países», relató Simón. «Y otras se aplazaron para poder seguir valorando progresivamente la evolución de la epidemia en un momento en que, en Europa, sólo había cadenas de transmisión relativamente localizadas, bien identificadas y casi siempre asociadas a casos importados».
