La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya avanz? esta semana ante la Comisión de Reconstrucción del Congreso que el Ejecutivo se inclina por solicitar una nueva prórroga del estado de alarma, la sexta y última, hasta prácticamente finales de junio. Conscientes de las dificultades que han tenido para aprobar las dos últimas, Calvo ya avanzó que el Gobierno «tiene un plan B» para «ordenar la legislación vigente» y poder ofrecer una respuesta sanitaria hasta el final definitivo de la desescalada.
Pero los apoyos han comenzado a cristalizar en las últimas horas. Las diferencias con el PNV, tras el acuerdo con EH Bildu para derogar la reforma laboral, empiezan a superarse a fuerza de atender sus peticiones. El traspaso al País Vasco y Navarra de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, que el Consejo de Ministros aprueba mañana, negociada durante días entre Calvo y el presidente del PNV, Antonio Ortuzar, ha contribuido a curar la herida.
En declaraciones esta mañana a la Cadena Ser, Ortuzar se ha mostrado dispuesto a apoyar una última prórroga del estado del alarma, que el Gobierno siempre ha querido mantener hasta el final de la desescalada, si los ejecutivos autonómicos y, en concreto, el Gobierno vasco «gestiona el 100% de sus competencias». «Se tendría que abrir la puerta a la normalidad y también a la normalidad institucional», para que «cada institución haga lo que tenga que hacer», ha señalado.
El PNV está a la espera de que el Ejecutivo le haga llegar una propuesta pero la vicepresidenta ya dijo públicamente que esta nueva prórroga incluiría «importantes modificaciones» para que las comunidades gestionen el final del periodo de desescalada y para que caduque en sus territorios el estado de alarma. «Constitucional y legalmente es posible que unos territorios salgan antes que otros de la alarma por la evolución que tengan».
En este contexto se produjo ayer una conversación entre el presidente del Gobierno y Edmundo Bal, después de que en las negociaciones para la cuarta prórroga Cs exigiera mantener una interlocución semanal entre Sánchez y Arrimadas, ahora representada por su portavoz en el Congreso.
La formación naranja ha censurado duramente el acuerdo con Bildu sobre la reforma laboral y ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las injerencias en la labor de la Guardia Civil y la destitución de Pérez de los Cobos. Pero mantiene su plena disposición al dialogar con el Gobierno en las cuestiones que considere relevantes para los ciudadanos.
«Nosotros no somos socios del Gobierno, somos la oposición», explican a EL MUNDO fuentes de la dirección, «pero ante la actual situación de emergencia hemos decidido abrir un paréntesis para negociar la prórroga del estado de alarma porque hasta ahora ha sido necesaria para mantener el confinamiento».
Esta mañana, Bal ha defendido que los compromisos que Cs ha arrancado al Ejecutivo a cambio de su voto son «buenos para la sociedad española». «Todas las exigencias que vamos poniendo, el Gobierno las va cumpliendo», ha asegurado. En este sentido ha recordado que consiguieron que la última prórroga fuera de 15 días y no de un mes, como inicialmente planteaba Moncloa; que se han desvinculado los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) del estado de alarma, y se ha ampliado de tres a cuatro meses el plazo para ingresar impuestos sin intereses de demora en los aplazamientos tributarios, que es otra de las exigencias planteadas por Cs.
Aunque Bal no ha dado por supuesto el respaldo de Cs a una sexta prórroga nada de lo que ha expresado indica lo contrario y lo mismo sucede con las declaraciones de Ortuzar, que abiertamente ha apuntado a cuáles serían las condiciones del PNV para volver a dar un voto a favor.
De acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto de Fideicomiso
Pulgar verde, homicida múltiple, ocultador sistemático de víctimas y cobarde títere; rojo, ejemplar presidente y demócrata.