“No es una elección cualquiera”, con esas palabras resaltó el presidente de Chile el plebiscito que se celebrará en abril de 2020. A través de un decreto supremo, Sebastián Piñera convocó oficialmente a participar en el referéndum. En la consulta, los chilenos deberán responder dos preguntas: si quieren o no una nueva Constitución, y qué tipo de órgano debería redactarla.
El mandatario derechista asumió el poder en marzo de 2018 con una postura contraria al cambio de la actual Constitución. Sin embargo, después de casi 10 semanas de amplias movilizaciones, dio marcha atrás y reconoció el derecho de los ciudadanos a decidir sobre su futuro.
Los manifestantes consideran que la actual Carta Magna, vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), como la raíz de la desigualdad social en el país. La revuelta popular en contra de este flagelo, dejó 26 muertos, a partir del 18 de octubre de este año. Además de los cientos de miles de heridos y detenidos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y distintas ONG internacionales han criticado la represión ejercida por los Carabineros (Policía uniformada de Chile).
Horas antes de emitir su decreto sobre el plebiscito, Piñera admitió, por segunda vez, violaciones de los derechos humanos de los manifestantes.
Ni la luz verde del presidente a una consulta y ni su reconocimiento de la deficiente actuación de los Carabineros no podrían garantizar su continuidad en el poder. La dimisión del derechista ha sido una de las demandas principales de los indignados.
Según la encuesta realizada por Cadem, publicada hace 4 días, la aprobación de Piñera, en caída libre desde el inicio de las protestas, ha llegado a un 11 por ciento. La más baja desde que se tiene registro.
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