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Mantener el control de la desescalada y, sobre todo, de la evolución de la pandemia obligará al Gobierno a solicitar la semana de viene una nueva prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados. Pero la gestión de la emergencia sanitaria ha ido provocando una desconfianza creciente en algunos grupos políticos clave dentro de la mayoría que respalda al Gobierno, entre ellos los de Esquerra Republicana de Catalunya y el PNV, que aportan trece y seis diputados respectivamente. Ambas formaciones ya advirtieron la semana pasada al presidente Pedro Sánchez de que no darían apoyo a una nueva prórroga si el Gobierno insiste en tomar decisiones sin contar con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. Y los últimos acontecimientos, especialmente el empeño en mantener el control del desconfinamiento y la aprobación de un Plan de Desescalada que no recoge las demandas territoriales, no ha hecho más que aumentar su descontento. Si cumplen su amenaza, la continuidad del estado de alarma y la estabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez quedarán más que nunca en manos del Partido Popular, porque a ellos se sumarán, con diferentes intensidades, Junts (ocho escaños), EH Bildu (cinco) y el BNG (uno), lo que extiende a 33 los diputados que pueden poner en dificultades la nueva prórroga del estado de alarma.
Este martes, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, despachó la posibilidad de que su partido reitere el respaldo que ha dado hasta ahora al estado de alarma y a sus prórrogas con un “Ya veremos”. No obstante, fuentes conservadoras consultadas por infoLibre sostienen que Casado acabará dando su apoyo al Gobierno, o como mucho absteniéndose, en la prolongación de la principal herramienta con la que cuenta para gestionar la pandemia. Aunque Casado ya está escuchando voces de barones territoriales como Juanma Moreno (Andalucía) o Alberto Núñez Feijóo (Galicia) que piden buscar otras fórmulas.
“Debería trabajarse de manera que, de acuerdo con las directrices generales marcadas por el Gobierno en materia sanitaria y de vuelta a la normalidad, sean las propias comunidades autónomas, a través de sus presidentes como máxima autoridad, las encargadas de adaptarlas y aplicarlas en sus respectivos territorios basándose en su conocimiento más detallado de las mismas”. Y advirtió: “Si dentro de quince días va a volver a solicitarnos otra prórroga del estado de alarma, vaya pensando en cómo va a implementar esta forma de trabajo; incluso comience a hacerlo ya porque —ya se lo adelanto— de otro modo no podrá concitar nuestro voto favorable”. El Estado, subrayó, “no ha demostrado ser ni el mejor gestor ni el más ágil en la crisis”. “Sinceramente”, abundó el portavoz del PNV, “no me imagino o no me quiero imaginar al señor Illa diciendo que en Lekeitio sí y en Bermeo no”.
El mando único, el «despotismo ilustrado»
Los temores del PNV, lejos de haberse disipado, se vieron confirmados este fin de semana. El propio Esteban calificó de “despotismo ilustrado” que el Gobierno asuma el mando único, también durante el desconfinamiento por la pandemia del coronavirus, bajo el argumento de que las comunidades autónomas quieren “competir” en la adopción de medidas durante la desescalada. Es “un gesto de arrogancia y soberbia” decir que los gobiernos autonómicos son “unos irresponsables que van a competir en el desconfinamiento”.
Precisamente este domingo el lehendakari, Iñigo Urkullu, en la videoconferencia de presidentes autonómicos, pidió a Sánchez “más criterios y menos tutelas” para abordar la desescalada, e insistió en seguir “el modelo de codecisión de Alemania, que comparte los criterios generales respetando los marcos competenciales en un Estado compuesto”. Urkullu apeló a “un modelo de cogobernanza, coordinación y corresponsabilidad, que establezca unas bases comunes compartidas y su ejecución de proximidad, adaptada a la realidad desde el principio de subsidiariedad, respetando el autogobierno”.
La clave del malestar está ahí: los grupos nacionalistas e independenistas y los presidentes vasco y catalán defienden que la recentralización de competencias para hacer frente a la pandemia no ha funcionado como debería. Y que ahora, con la desescalada, habría que cambiar de modelo.
El distanciamiento de Esquerra es también cada vez más palpable. La dirección republicana pidió este lunes, a través de su portavoz, Marta Vilalta, el “retorno y traspaso de competencias» a la Generalitat de Cataluña para tomar decisiones más territorializadas en la gestión del desconfinamiento en las próximas semanas. Una petición a la que, a la vista del Plan de Desescalada aprobado este martes, el Gobierno ha hecho oídos sordos.
La gestión centralizada de la pandemia “ha ido en detrimento de una gestión pública, eficiente y eficaz de la situación”, señaló Vilalta. “Lejos de trabajar por la colaboración, como ha planteado el Govern de la Generalitat en todo momento, solo hemos visto recentralización, intervención y abuso de derecho y de poder”.
Si las cosas no cambian, advirtió, ERC no facilitará ninguna prórroga nueva del estado de alarma. “Esta forma de gestionar se tiene que acabar, porque la situación es suficientemente compleja y grave como para hacerlo de otra forma”, indicó. En “la fase de desescalada “todas las decisiones que se adopten y que nos afecten” deben ser “decididas desde Cataluña, desde el Govern de la Generalitat, desde la proximidad, poniendo por delante los criterios de salud pública, y con conocimiento de causa sobre la realidad”.
De la creciente lejanía con la que Esquerra se siente del Gobierno dio pruebas su portavoz, Gabriel Rufíán, en el Pleno que prorrogó por tercera vez el estado de alarma la semana pasada. Su abstención, explicó, estaba “más cercana al no que nunca”. Uno de los motivos de esa posición es “el oportunismo recentralizador” del Gobierno. “Ustedes lo negarán diez veces y nosotros lo repetiremos diez veces más. Desde el minuto cero de esta crisis han optado por el ordeno y mando y por la bunkerización en muchos momentos. Lo decimos claramente: la recentralización agrava la situación”. El estado de alarma “podría y debería dejar paso ya a la gestión territorial asimétrica de la alarma. Solo un tratamiento quirúrgico y milimétrico nos hará salir de esta crisis, y eso pasa por que las comunidades autónomas recuperen desde ya sus respectivas competencias. Lo que vale, señorías, para La Latina no vale para Oiartzun, y lo que vale para Prats de Lluçanès no vale para El Cabanyal”.
La presión de la Junts
ERC tiene además la presión del presidente Quim Torra y de su partido Junts, per Catalunya. La portavoz de este grupo en el Congreso, Laura Borràs, ha sido mucho más crítica que los republicanos. “Corren el riesgo de hacer enfermar todavía más la ya frágil democracia española”, le dijo a Sánchez hace una semana en el Pleno. “Cuando todavía no sabían qué hacer, optaron por las peores decisiones: recentralizar y requisar material médico, en lugar de repartirlo con celeridad en un momento en que el tiempo se cuenta con vidas humanas; rescindir competencias en favor de una autoridad competente que ha hecho gala de su incompetencia manifiesta. La realidad demuestra que esta situación exige descentralización, empoderamiento y responsabilidad”.
En vez de eso han aplicado “una Loapa sanitaria, “un 155 por la vía sanitaria”. Para confinar nos quisieron convencer de que los virus no entendían de territorios, mientras que ahora para desconfinar resulta que sí: la desescalada del confinamiento será asimétrica. ¡Bienvenido a la lógica! Y ahora le sugerimos que dé un paso más en esa buena dirección y permita que cada territorio gestione el proceso”.
En parecidos términos se expresó también el único diputdo del BNG, Néstor Rego.“Empezaron por centralizar las decisiones, lo que, evidentemente, fue un error. La gestión de la emergencia ha demostrado la incapacidad del Estado y muy especialmente del Ministerio de Sanidad de gestionar con eficacia. Están a tiempo de rectificar la centralización. Acepten nuestra propuesta de que sean las comunidades autónomas, de que sea el Gobierno de Galiza el que diseñe y gestione el plan de desescalada adaptado a nuestra realidad”. Y la portavoz de EH Bildu, Metxe Aizpurua, que reclamó especificamente “mesas de diálogo por comunidades autónomas” sobre la gestión de la pandemia.
Un síntoma de la profundidad del descontento de las Comunidades Autónomas es que el malestar de nacionalistas e independentistas es también generalizado entre los presidentes del PP. Sólo los del PSOE confiesan en privado sus discrepancias, aunque alguno, como el valenciano Ximo Puig, lo haya manifestado con ocasión del Plan de Desescalada.
Haber conocido las fases de desconfinamiento por televisión ha echado leña al fuego de la irritación conservadora. Con diferentes matices, Fernando López Miras (Murcia), Juanma Moreno (Andalucía), Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y Alberto Núñez Feijóo (Galicia), este último con una crudeza infrecuente, han condenado que el Gobierno de Sánchez no haya tenido en cuenta a los Gobierno autonómicos a la hora de definir el plan.
Bonilla ha llegado a decir que “se ha abusado del estado de alarma. No puede ser indefinido, no debemos extenderlo más allá de lo razonable y no me parece que sea razonable extenderlo hasta finales de junio”. Hace falta aue los Gobienro autonómicos recuperen “su espacio de decisión”. Y Feijóo ha dado apoyo a la misma idea: “Seguir insistiendo en ampliar el estado de alarma me parece que debemos de reflexionarlo desde el punto de vista de la democracia y desde el punto de vista legal. En mi opinión, hay fórmulas legales en el ordenamiento jurídico español que amparan cualquier plan de desescalada por razones sanitarias sin acudir al estado de alarma”.
www.infolibre.es ISSN 2445-1592