«Es hora de vaciar a los criminales». Con este mensaje, Bildu advierte al gobierno que sus demandas sobre política criminal para los etarristas siguen intactas. Y lo hace cuando el ejecutivo socialcomunista tiene que empezar a sondear para la aprobación de los presupuestos generales. La ejecución de esos gastos es imprescindible para el mantenimiento de la legislatura.
Las proetarras reaccionaron así a la resolución del Tribunal de Apelación del país de mantener en prisión al criminalista vasco Mikel Barrios, condenado a cinco años en penal por su participación en ETA. Barrios arrestado en octubre de 2017 y encarcelado en Francia en diciembre del mismo año.
Apoyo de Podemos
Esta es la primera vez que Bildu utiliza el mismo lema, que obviamente expresa sus aspiraciones. Un propósito que descubre su impulso en Podemos.
En este sentido, cabe recordar, por ejemplo, que meses atrás el partido de Pablo Iglesias firmó un manifiesto con los partidos nacionalistas pidiendo medidas para la liberación de los presos, así como el acercamiento.
La nota, titulada «Por respeto a otras personas en desventaja de su libertad», argumentó que la crisis de aptitud física «tiene un efecto muy fuerte sobre los que están en prisión».
Por ello, exigieron la liberación de los presos vulnerables, como los enfermos, los ancianos o los que habían cumplido las tres cuartas partes de su condena. Esto, sin «excepción» por el delito.
El gobierno de Pedro Sánchez es sensible a esos intereses. Desde el 7 de agosto de 2018, los miembros de ETA en las cárceles españolas se han beneficiado de los pactos de Pedro Sánchez con los partidos nacionalistas vascos. Los datos, que fueron publicados hace semanas a través del partido Santiago Abascal y recogidos a partir de datos de comunicaciones oficiales de la Secretaría General de Prisiones, implican que un total de 52 presos de la organización terrorista ETA han salido de sus cárceles para desinternar en los centros más cercanos. al País Vasco. En concreto, seis de ellos fueron trasladados al propio País Vasco y otros 3 a Navarra. trece de ellos tomaron posición en la cruzada electoral vasca el pasado mes de junio.
Por otra parte, al margen de esta demostración del fin de las políticas de dispersión como insistentemente exigían a la izquierda nacionalista, el gobierno de paso procedió a la progresión en grado hasta un total de 23 detenidos de la ETA. De ellos, 12 pasaron a la libertad condicional de tercer año o día (ahora pueden desmayarse en las calles y obtener tributos) y 11 avanzaron al año actual.
Como recuerda Vox, uno de los compromisos que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hizo con los afectados fue el de hacerlos arrepentirse y pedir explícitamente el perdón como condición imprescindible. Sin embargo, esto fue violado. El único requisito que tienen que hacer es llenar un formulario en el que renuncian a la lucha armada.
Crímenes de sangre
Por otro lado, cabe señalar que siete de los presos que se beneficiaron del Gobierno fueron condenados por delitos de sangre. Uno de estos últimos, Iván Apaolaza, fue condenado como culpable de cortinas por el homicidio en Madrid en 2000 del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. ETA colocó un automóvil cargado de explosivos que explotó al pasar la víctima. La Corte Suprema decidió que su acción en el ataque era fundamental.
Pactos con Bildu
Ya se ha convertido en habitual que el Gobierno socialcomunista negocie con los proetarras. Desde que incluyó a esta formación en la ronda de contactos para la investidura de Pedro Sánchez, Bildu se considera legitimada para presionar con sus reivindicaciones.
En mayo, el PSOE prometió a Bildu la derogación de la reforma laboral a cambio de su apoyo a la prórroga del estado de alarma. Aquel acuerdo no estuvo exento de polémica, ya que, según el texto firmado, el Gobierno se comprometía a la derogación «íntegra» de dicha reforma del PP. Los socialistas, sin embargo, recularon unas horas después y anunciaron que ese punto quedaba anulado, de forma que la derogación se limitaba a aspectos concretos, como la eliminación de la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, la derogación de las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo y la derogación de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.
El acuerdo llevaba la firma de los portavoces parlamentarios de las tres formaciones -Adriana Lastra (PSOE), Pablo Echenique (Podemos) y Mertxe Aizpurua (EH Bildu)- y se convirtió en el primer pacto explícito entre el Gobierno y el partido de Arnaldo Otegi.